Gasteiz - Los partidos de la oposición (PNV, PSE y EH Bildu) han dado los pasos anunciados en el caso del alquiler de las oficinas de San Antonio y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas abra o no juicio contable contra Alfonso Alonso y Javier Maroto por el daño económico que causa a la ciudad la elevada renta que cada mes paga el Ayuntamiento al empresario Gonzalo Antón. Las tres formaciones se han personado ya en el proceso. De momento, el máximo órgano fiscalizador ya escuchó el relato de los miembros del gobierno que en 2007 lideraba el exalcalde y les impuso una fianza de 500.000 euros por el citado “perjuicio” causado a las arcas públicas en la gestión del polémico contrato de alquiler.

PNV, PSE y EH Bildu pretenden con este paso que el Tribunal de Cuentas llegue al fondo del caso en el que se investiga un contrato de alquiler firmado por el ejecutivo del PP a un precio muy superior al de mercado. El documento obliga al Ayuntamiento a pagar 7,6 millones de euros a Antón -reforma incluida- por el arrendamiento durante veinte años de un local que el empresario compró un año antes por 2,7 millones de euros. PNV y PSE hicieron público ayer el traslado de su escrito al tribunal, como ya anunció DNA. EH Bildu ya lo hizo con anterioridad.

El nacionalista Gorka Urtaran y el socialista Patxi Lazcoz explicaron que su objetivo es llegar hasta el final para que se esclarezcan las responsabilidades oportunas y que el gobierno del PP “rinda cuentas”, ya que fue una decisión “muy perjudicial” para las arcas municipales. El ejecutivo de Maroto, por su parte, considera que la demanda se debe sólo a la proximidad de las elecciones del 24 de mayo. - Efe/DNA