Vitoria - No contento con el beneficioso alquiler de los locales de San Antonio que ahora investiga el Tribunal de Cuentas, el empresario Gonzalo Antón reclamó una indemnización millonaria al Ayuntamiento de Vitoria por daños y perjuicios al considerar que no había podido hacer uso de todos sus derechos urbanísticos en los terrenos de la antigua fábrica Bonilla, una céntrica propiedad cuyo edificio está catalogado como monumento. El juez falló en su día en su contra y él recurrió. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratifica la sentencia a favor del Ayuntamiento y en contra de Antón, por lo que no cobrará indemnización, ya que la decisión es firme y no caben más recursos, como adelantó ayer la Ser. Antón argumentaba en su recurso que no pudo desarrollar todos los derechos urbanísticos para construir sobre una superficie de 2.265 metros cuadrados. El tribunal responde, en cambio, que no cabe recompensa económica al empresario porque desde al menos el año 1984 ya se sabían las restricciones del edificio.
La demanda se presentó en nombre de la compañía Promociones Morgoitia en la que estaba Antón, pero la jueza alegó que la razón del caso, la reclamación presentada por el demandante contra el Ayuntamiento en el año 2010, llegó tarde y por tanto había prescrito. La promotora se hizo en su día con el inmueble en el que se ubicaba el histórico taller de Muebles Bonilla con el propósito de ejecutar un ambicioso proyecto urbanístico que contemplaba la construcción de viviendas y garajes, además de un local, en Vicente Goikoetxea. Pero cuando el Ayuntamiento aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sintió que se perjudicaban sus intereses. Razón por la que en 2010, el empresario presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial que el Ayuntamiento no resolvió. Y ahí es donde empezó el largo camino hacia los tribunales, porque la ley dice que si en seis meses la Administración no resuelve, la reclamación queda desestimada por silencio administrativo. El demandante tenía entonces dos opciones: esperar o recurrir. Y es lo que hizo. Recurrir en el juzgado contra el Ayuntamiento la desestimación por silencio administrativo. La justificación del demandante para reclamar se basó en que los cambios en el PGOU perjudicaban seriamente los planes urbanísticos que tenía en mente. - DNA
