hace no muchos años, sobre todo en la década de los 90, Gasteiz acaparó titulares por su compromiso social con los sectores más desfavorecidos, lo que le sirvió para acaparar múltiples reconocimientos. Ya en 1988, con José Ángel Cuerda como alcalde, Vitoria se convirtió en la primera ciudad del Estado en destinar el 0,7% de su Presupuesto de ingresos a la cooperación al desarrollo, un porcentaje que posteriormente alcanzaría el 1%. Fueron también notorias la creación, en 1994, del primer Registro de Uniones Civiles para parejas hetero y homosexuales, la progresiva puesta en marcha de diferentes recursos de acogida para las personas con menos recursos y, ya con el cambio de siglo y en el ámbito autonómico, la regulación definitiva tanto del Ingreso Mínimo de Inserción, la actual RGI, como de las Ayudas de Emergencia Social (AES), mediante sendos decretos del Gobierno Vasco. Un sólido sistema de protección social que ha permitido mitigar las desigualdades, sobre todo en épocas de crisis como la actual, y que ha sido motivo de orgullo para la mayoría de sus vecinos.

Estos y otros logros, unidos a la histórica capacidad de la capital alavesa para acoger e integrar a inmigrantes de las más variadas procedencias, hicieron de Gasteiz un ejemplo a seguir para muchas poblaciones y comunidades del entorno en el ámbito de la solidaridad. Tal y como ha reconocido recientemente el propio Cuerda, los consensos más básicos en torno a este valor siguieron revalidándose con la llegada a la Alcaldía de su predecesor, el popular Alfonso Alonso, y ocho años después, desde que lo hizo Patxi Lazcoz.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las noticias que tienen como protagonista a la capital alavesa por todo lo contrario a esa vocación integradora han ido sepultando a las anteriores sin solución de continuidad. Un enrarecido clima social, desconocido hasta la fecha en Vitoria, que ha coincidido en el tiempo con la llegada de Javier Maroto al Ayuntamiento y que ahora, en plena época preelectoral, se ha hecho todavía más evidente.

Este peligroso caldo de cultivo comenzó a generarse en el verano de 2011, con la sonada oposición de Maroto, recientemente nombrado primer edil, a la construcción de una mezquita en Zaramaga destinada al culto del colectivo paquistaní de la mano de un colectivo vecinal afín al PP. La campaña, que dio lugar a varias manifestaciones de rechazo al templo, vino acompañada también de la aparición de varias pintadas insultantes en el exterior del local, entre las que no faltaron las esvásticas, las cruces celtas o consignas como Stop Islam, Moros no o España no es un zoo. La lonja ubicada en la calle Martín Olave, que nunca llegó a albergar la mezquita, fue atacada en varias ocasiones más, en una de los cuales llegó a rociarse su interior con sangre de cerdo, un animal impuro para los musulmanes. Los mensajes xenófobos aparecieron también pocos días después en las paredes de la ermita de San Juan de Arriaga, un momento en el que la oposición municipal en bloque ya comenzó a acusar abiertamente a Maroto de “alimentar” actitudes racistas con su discurso.

Ya en septiembre de ese mismo año, el nuevo Ejecutivo municipal pactó con el Gobierno Vasco, entonces dirigido por el PSE, un primer endurecimiento de las condiciones de acceso a la RGI que también generó no pocas reacciones en contra. Populares y socialistas, por entonces aliados en Lehendakaritza, acordaron elevar el requisito mínimo de empadronamiento para poder acceder a esta prestación de seis meses a tres años y aquellas personas que llevaran menos de esos tres años empadronadas en un municipio vasco deberían acreditar a partir de entonces cinco años de vida laboral. Casi simultáneamente, el Ayuntamiento de Gasteiz anunció la creación de una “Policía de Padrón” llamada a purgar el censo municipal, puerta de entrada a las ayudas sociales, poniendo de nuevo en el punto de mira a la población inmigrante que, supuestamente, se aprovechaba del cobro de las ayudas sociales.

La batalla abierta por Maroto contra el supuesto fraude masivo, una de sus bazas fundamentales durante toda la legislatura y más ahora en plena precampaña, tuvo ya entonces una notable contestación popular en las calles de Gasteiz. Colectivos sociales como la Plataforma contra la Exclusión Social, Salhaketa, Elkartzen o SOS Racismo, así como representantes del PNV y EH Bildu, denunciaron en una concurrida concentración la “caza de brujas” emprendida por el Ayuntamiento, pero también por el Gobierno Vasco, a través de medidas tildadas como “racistas” y que “pretendían la criminalización de la pobreza”, como las puestas en marcha.

Ya a mediados de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Vitoria decidió sustituir la prestación económica con la que se ayudaba a costear las necesidades alimenticias de los jóvenes de entre 18 y 23 años con dificultades por vales de comida. Maroto, poniendo en su punto de mira de nuevo al colectivo inmigrante, empleó entonces uno de sus argumentos más estrambóticos para justificar el recorte. “No tiene sentido que alguien que tiene esa nómina para comprar comida aparezca con unas zapatillas de Prada”. A renglón seguido, el primer edil tiró de una de esas coletillas que tanto ha empleado durante su mandato. “Cambiaremos las cosas para que sólo quien sufra necesidad la tenga cubierta”.

de los kebabs a la gran campaña La siguiente andanada del alcalde contra parte del colectivo inmigrante, en la que también empleó la peligrosa estrategia de generalizar los casos puntuales, consistió en extender la sombra de la sospecha sobre los locutorios, bazares chinos y kebabs de Gasteiz, ante las “percepciones y evidencias” de que algunos de estos negocios incumplían la normativa municipal y, por tanto, constituían una competencia desleal para el resto de tiendas. Maroto enumeró deficiencias en materia de seguridad, accesibilidad, incendios, etiquetado o exposición de artículos, sobre las que prometió ser inflexible “para defender al comercio tradicional”.

Aunque, sin duda, si algo hizo el alcalde para sobrepasar todas las líneas rojas fue pronunciar estas polémicas palabras en una entrevista realizada a la Cadena Ser el 15 de julio de 2014, cuando retomó, mirando ya a unas elecciones municipales cada vez más cercanas, su discurso en torno al fraude social supuestamente masivo. “Algunas nacionalidades en nuestra ciudad viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar e integrarse. Ninguno. Y es así. Y además eso se comprueba cuando contrastas el volumen de población de los nacionales que dependen de las ayudas sociales”. Todos los grupos de la oposición visibilizaron su rechazo frontal a las palabras del alcalde sólo cinco días después dándole la espalda en el salón de plenos, pero lejos de recapacitar, Maroto ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en el presente curso político a reforzar su discurso.

Primero llevó al Parlamento Vasco una nueva propuesta para apretar aún más las clavijas a los perceptores de la RGI, que se encontró de nuevo con la oposición de todos los grupos de la Cámara antes de denunciar su discurso “trucado, insolidario y xenófobo”. El PP vasco cerró filas en torno al alcalde, que anunció su intención de iniciar una recogida de firmas para impulsar una ILP, y semanas más tarde nació Ayudas+Justas, la plataforma supuestamente ciudadana sobre la que ha volcado todo su apoyo.

Hasta la fecha, varios episodios más han ayudado a enrarecer un clima social ya de por sí viciado, como el paso por los tribunales del propio Maroto -denunciado por “incitación al odio”- y Javier de Andrés -por “injurias y calumnias” contra SOS Racismo-, la aparición de pegatinas con simbología neonazi y consignas contra los inmigrantes en distintos puntos de Gasteiz, como en la sede de la Asociación de Residentes Afroamericanos, varios incidentes entre vecinos, una denuncia por agresión con supuestos tintes xenófobos a un ciudadano mauritano...

Noticias que han saltado incluso a la esfera mediática estatal y que han proyectado una imagen nada decorosa de la ciudad, antes conocida por otros valores. Por suerte, el contrapeso a esa Vitoria “gris e insolidaria” se ha hecho cada vez más fuerte.

manifiesto. Representantes de EGI, Gazte Abertzaleak y Juventudes Socialistas, las organizaciones juveniles de PNV, EA y PSE -respectivamente-, alzaron ayer la voz contra el discurso “racista que incita al odio” y “ante las mentiras y ataques de los últimos meses para dividir” a los vecinos de Gasteiz, en clara alusión a la campaña auspiciada por el alcalde Javier Maroto. “Queremos manifestar que Vitoria-Gasteiz no es la ciudad insolidaria y enfrentada que nos quieren vender. Es una ciudad plural, que a lo largo de su historia ha recibido la influencia de otras culturas, las cuales han aportado gran riqueza a nuestra sociedad”, aseguraron los jóvenes a través de un manifiesto. Foto: José Ramón Gómez