Vitoria. La Fiscalía de Álava estima que la concejala de Planificación Cultural y Fiestas hasta noviembre de 2013, Encina Serrano, y un técnico municipal pudieron incurrir en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la rebaja de más del 90 % que aplicaron en el alquiler del espacio multiusos Iradier Arena.
A juicio de Lazcoz, es "intolerable que haya alguien que piense que los fines justifican los medios" y que para dar "actividad al Iradier Arena se debe incumplir una ordenanza, como aquí ha ocurrido"."Aquí hay una responsabilidad política en la persona de Javier Maroto -ha señalado- porque es imposible creer que en la Junta de Gobierno nadie le informara, ni la concejala de Cultura ni el concejal de Hacienda, de que era necesario cambiar la ordenanza fiscal".
El portavoz socialista en el Ayuntamiento ha anunciado que si finalmente se abre juicio oral por este caso su grupo solicitará el testimonio del alcalde.
