madrid - El ministerio del Interior asegura que todavía se encuentra a la espera de recibir las peticiones de detención internacional dictadas por la juez argentina María Servini de Cubría contra, entre otros, los exministros Martín Villa y Alfonso Osorio y el capitán de la Policía Jesús Quintana, los tres encausados por los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando cinco trabajadores murieron asesinados tras una asamblea en el barrio de Zaramaga. Al Ministerio de Justicia no ha llegado tampoco ninguna petición de extradición, según informaron fuentes de este departamento, mientras que Interior no ha recibido aún la orden de detención internacional, según sostienen fuentes policiales, para poner a los veinte acusados a disposición de la Audiencia Nacional.
La magistrada argentina considera a Rodolfo Martín Villa responsable de la represión de la concentración de trabajadores en la capital alavesa hace 38 años, además de al que fuera ministro de la Presidencia, Alfonso Osorio, y el capitán de la Policía Jesús Quintana. Además de estos tres encausados por el 3 de marzo, el auto acusa a dos decenas de exministros, jueces y policías, como el ministro de Presidencia Antonio Carro, acusado de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos.
La magistrada argentina recuerda que la Audiencia Nacional rechazó extraditar en su momento al expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy el niño, y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos, y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos. Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para promover esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad. “En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional”, sostiene Servini. - E.P.
