gasteiz - “Estoy muy incómodo con este cargo, el de presidente de un consejo que tiene el apellido de social, en un Ayuntamiento que está dirigido por un alcalde con estas ideas”. Ruiz, también cabeza visible de Sidálava, defiende un sistema de protección social vasco que fomenta la igualdad y censura los últimos movimientos de Maroto, recogida de firmas incluida, porque sólo traerán “consecuencias negativas”. Antes de contestar, matiza que estas declaraciones son a título personal, ya que las reflexiones del Consejo Social son previamente consensuadas por todos sus miembros.

¿Cómo está viviendo las últimas maniobras de Javier Maroto en torno a la reforma de la RGI?

-No lo termino de entender, porque es un asunto muy serio que tiene un espacio de trabajo político y técnico como es el Parlamento Vasco. Ahí tenemos un grupo importante de parlamentarios, a los que se les paga para que hagan este trabajo. Todo lo demás son comentarios, suposiciones, yo he oído... Los servicios y las ayudas sociales, que son asuntos que tienen su vertiente técnica y su especialización, donde intervienen profesionales muy cualificados, se han trasladado a un debate de barra de bar en el que todo el mundo puede opinar aunque no tenga ni idea de lo que está hablando. Es un tema que no va a traer nada bueno a la ciudad ni a la convivencia entre los vecinos.

¿La fractura social está ya ahí?

-Este tema está generando tensiones entre cuadrillas y familias. Estamos hablando de cosas que pueden ser caldo de cultivo para la demagogia. Cuando se da información sin datos y se hacen análisis basados en suposiciones, eso genera conflictos de relación. Y sinceramente, las entidades sociales vivimos con preocupación este mal ambiente. La función de los políticos debería ser calmar los ánimos y no generar más tensiones de las que existen, incluso hacer labores de educación. Hace tiempo se hablaba de Vitoria como ciudad educadora y estos valores se están perdiendo.

¿Qué opina de la recogida de firmas que acaba de apoyar Maroto?

-Este tipo de herramientas las tenemos los ciudadanos para forzar a los políticos a que nos hagan caso cuando no lo hacen. Nuestro alcalde y también parlamentario tiene herramientas más que necesarias para abrir un grupo de trabajo sobre esta cuestión en el Ayuntamiento o en el Parlamento. Pero como no interesa, hacemos consultas populares. A mí me gustaría que las hubiese para otras cosas.

¿Por ejemplo?

-Si el Ayuntamiento va a plantear obras como construir un centro cívico, que se lo pregunte a los vecinos. Pero cada vez que ha habido una iniciativa para consultarlos, dice que no está regulado. ¿Qué se va a hacer con esas firmas? ¿Va a ser una ILP? Esto es confundir al ciudadano de a pie y perder energía sobre un asunto que exige mayor seriedad. Si un político quiere cambiar el sistema de ayudas lo que tiene que hacer es trabajar y dejarse de recoger firmas. ¿Sólo busca un puñado de votos?

-Opinar sobre personajes políticos que tienen como objetivo buscar votos con sus acciones... Ahí ni entro ni salgo. Yo no entiendo de esa política sino de políticas sociales, de libertad y de convivencia. A la larga, son asuntos que tienen consecuencias muy negativas y entonces habrá que buscar responsabilidades. Ahora, por la cercanía de las elecciones, vemos que se está poniendo en cuestión un asunto tan importante como asentar el cuarto pilar el estado del bienestar con la demagogia de las ayudas.

¿Qué ha traído de bueno el actual sistema de protección social?

-La realidad es que nos ha permitido estar a la altura de los mejores países de la UE. El impacto de la crisis ha sido menor en Euskadi porque tenemos un sistema de protección muchísimo más desarrollado que en otras comunidades. El sistema de ayudas tiene un impacto en la economía real, porque rápidamente éstas revierten en el mercado local, en el pago de alquileres... Y en el bienestar de toda la sociedad. Vivir en una sociedad con menores desigualdades hace que sigamos viviendo en una ciudad con una alta calidad de vida, segura, y en la que los más vulnerables tienen ciertas oportunidades. Se está planteando un endurecimiento general del acceso a las prestaciones y lo que está pensado para determinados colectivos al final va a afectar a todos. Los que van a pagar estas tensiones van a ser los más pobres de los pobres.

¿Qué soluciones propone?

-Sí que hay que reformar el sistema, porque la crisis ha impactado sobre todo en las clases medias y ahora está preparado para atender a los más pobres. Pero esto hay que hablarlo en el Parlamento. En todo caso, tenemos que hablar de aumentar las prestaciones para que se puedan beneficiar de ellas colectivos que ahora mismo no pueden hacerlo. En lugar de restringir por debajo, hay que ampliar las coberturas, como las conciliaciones familiares o que las pequeñas propiedades no computen a la hora de solicitar la RGI. Que las familias de clase media que ahora lo están pasando mal también puedan beneficiarse de estas ayudas. Los sistemas tienen que estar continuamente cambiando, pero no porque el fraude sea algo generalizado. Esto hay que hablarlo con datos y sinceramente no existen estos datos. Y cada vez que preguntas a especialistas, si existe una comunidad donde hay controles, ésa es la CAV. Comparativamente con la media, las cosas funcionan y los controles existen. Puede haber excepciones, pero son anécdotas, como sucede con la RGI. Conocemos los requisitos y son muy duros de cumplir. Y el seguimiento que hace Lanbide de los perceptores es férreo, muy exigente. Ya me gustaría ver a muchos de ésos que hablan de las ayudas pidiendo una prestación en Lanbide.