ni uno solo de los partidos con representación en el Ayuntamiento gasteiztarra es ajeno al drama de los desahucios, todos son conscientes de que no se hace lo suficiente desde las instituciones y cada uno de ellos se muestra dispuesto a seguir avanzando en la aprobación de medidas que palien la situación de las familias amenazadas con verse privadas del derecho a una vivienda digna que asiste a todo ciudadano.

Sin embargo, en Gasteiz hay unas 10.000 viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de las instituciones, que no pasan al mercado de alquiler social, y las rentas protegidas siguen superando el 30% de los ingresos de los demandantes pese a que está en manos de los políticos legislar en ese sentido.

El porcentaje de pisos destinados a estos arrendamientos sociales no se acerca, ni de lejos, al estándar europeo, pese a que las instituciones hablaban hace ya diez años de que hay que dejar de subvencionar pisos en propiedad y garantizar, por contra, que todo el mundo disponga de un lugar donde vivir a un precio ajustado a las posibilidades de cada cual.

En definitiva, en el Ayuntamiento de Vitoria no se hace nada, más allá de subvencionar el Impuesto de Plusvalía a aquellas personas a las que, en un macabro acto administrativo, se les gira dicho recibo cuando les echan de su casa por no poder pagar la hipoteca.

Así lo denunció el portavoz del colectivo Elkartzen, Carlos Martínez de Morentin, en una visita en el Ayuntamiento en la que insistió en repartir responsabilidades, más allá de que sea el PP el que gobierna el municipio. "Esto ocurre por una falta de voluntad política de todos los grupos sin excepción", censuró Martínez de Morentin, muy molesto por el hecho de que el Pleno aprobara una solemne moción contra los desahucios el ya lejano 20 de noviembre de 2012 cuyo incumplimiento es manifiesto. Según el concejal de Urbanismo vitoriano, Miguel Garnica, la competencia en materia de vivienda es del Gobierno Vasco y por ello en el Ayuntamiento no se puede hacer gran cosa al respecto, un hecho que según el portavoz de Elkartzen no es cierto, pues la Ley del Suelo da herramientas al Consistorio para actuar. "Los ayuntamientos se lavan las manos", denunció Martínez de Morentin, quien recordó que Elkartzen vienen denunciando el problema desde 2000 y que ahora se ha agravado porque "no se han acometido políticas reales". El colectivo social, afirmó, siempre recibe "la misma respuesta, retórica política que no pasa de ahí".

Mientras, la calle se mueve. Ayer se celebró en el centro cívico Aldabe de Vitoria una asamblea de Kaleratzeak Stop Araba dirigida a los inquilinos de vivienda públicas de Alokabide.