vitoria/madrid - Servicio a la carta para el regreso del fantasma nuclear. Bajo esa perspectiva, el Consejo de Ministros reunido ayer en el madrileño complejo de la Moncloa decidió escenificar formalmente sobre un documento sus intenciones para la recuperación de la central de Santa María de Garoña. Éstas se habían demorado conscientemente en las últimas semanas en busca de una fórmula legislativa ad hoc capaz de conjugar los preceptos legales -nacionales y comunitarios- con los intereses particulares de eléctricas y de la formación que gobierna en el Estado, el Partido Popular (PP). Una vez lograda la cuadratura del círculo, y tras testar la validez de los borradores redactados hasta la fecha con su socialización en distintos medios de comunicación, el Ejecutivo anunció ayer la senda que deberán seguir las propietarias de la planta -las multinacionales Iberdrola y Endesa a través de su subsidiaria Nuclenor, en la que se reparten el accionariado al 50%- para solicitar nuevamente el regreso a la actividad de la instalación.
A partir de ahora, la gestora del complejo nuclear del burgalés Valle de Tobalina, situada a escasos 50 kilómetros de la capital alavesa, tendrá hasta el 6 de julio de plazo para cumplimentar los trámites precisos si es quiere proseguir con su actividad, circunstancia que, por otra parte, parece cantada. No en vano, la plantilla de la instalación ha seguido trabajando puntualmente pese al cierre de la planta nuclear. Y eso pese a que de acuerdo con el reglamento vigente hasta ayer mismo, una licencia de cese de explotación -como la que tenía Garoña- encaminaba la planta hacia su desmantelamiento.
Sea como fuere, el Consejo de Ministros modificó ayer el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), cambio legislativo que permitirá a la central solicitar la renovación de su licencia y su posible reapertura. En concreto, según apunta la Agencia Efe, la variación implementada por el PP introduce la posibilidad de que, tras la declaración del cese de actividad de una instalación nuclear, su titular pueda solicitar la renovación de la autorización de explotación, "salvo que existan razones de seguridad que lo impidan y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración del cese". Y ahí, precisamente, es donde radica el quid de la cuestión, ya que los propietarios de la instalación burgalesa decidieron, en principio, el cese de la actividad al estar en desacuerdo con la política impositiva ideada por el Ejecutivo.
En cualquier caso, el parto del nuevo Real Decreto no ha salido gratis al Gobierno central. De hecho, hasta la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que tirar de recursos para intentar zanjar la polémica suscitada por la forma elegida para facilitar el regreso de una instalación, que ha superado con creces todos los límites legales impuestos para asegurar su final. En ese sentido, la número dos del Ejecutivo explicó que la tramitación de la norma ha sido "larga" porque el Gobierno ha esperado a un informe de conformidad de la Comisión Europea para asegurar que el texto se ajusta a la normativa comunitaria.
Sáenz de Santamaría explicó que la nueva norma modifica el Reglamento de Instalaciones Radiactivas de diciembre 1999 para establecer la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias.
Reacciones Nada más conocerse la literalidad de la argucia legislativa ideada por el Gobierno popular, los rectores de Garoña no dudaron en salir a la palestra para felicitarse por la nueva realidad. Así, los portavoces autorizados por Nuclenor consideraron "muy positiva" la reforma del citado Reglamento, porque permitiría solicitar la renovación del permiso de funcionamiento y la reapertura de la planta. En todo caso, las mismas fuentes recuerdan que será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el encargado de evaluar las condiciones de las centrales que lo soliciten y de establecer los requisitos para la renovación de los permisos de funcionamiento de las instalaciones. Así, y en el caso concreto de la planta burgalesa, ésta y sus rectores, según especificaron, ya trabajan en la valoración de las nuevas condiciones y en la posibilidad de solicitar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la renovación de su permiso.
Por su parte, el Foro de la Industria Nuclear calificó de "positivo" el cambio normativo "sin perjuicio de las decisiones que las empresas propietarias de las centrales nucleares puedan adoptar al respecto". A su juicio, la modificación "facilita el camino" para que los reactores nucleares españoles que cesen su actividad por razones ajenas a la seguridad tengan la opción de continuar su operación dentro de un marco legal definido. El lobby atómico estatal añadió que España "avanza" en la dirección de disponer de forma estable de fuentes de suministro energético abundantes, fiables, limpias y diversificadas, así como en el incremento de los recursos energéticos propios para ser, en consecuencia, menos dependientes del exterior. Finalmente, recordó que las centrales atómicas del Estado aportaron el 20,86% de la electricidad en la cobertura de la demanda en la península en 2013, según datos de REE, siendo una de las fuentes que mayor contribución han realizado al sistema eléctrico español en 2013. Con una potencia actual de 7.864 MW, la energía nuclear supone el 7,27 por ciento de la potencia total instalada en España.
Cronología La central nuclear de Santa María de Garoña cerró sus puertas el pasado 6 de julio tras un ajetreada última etapa en la que tan pronto se sucedían los anuncios de su cierre como los de su prórroga. En 2009, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero prorrogó el permiso por cuatro años y fijó el cese de su explotación el 6 de julio de 2013. Sin embargo, en julio de 2012 el Gobierno del Partido Popular modificó el decreto de cierre y concedió a la empresa propietaria (Nuclenor) un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad hasta 2019. La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos, debido al elevado coste de las inversiones para seguir operando y, sobre todo, los nuevos impuestos, y en diciembre de 2012 optó por cerrar la planta.
Ahora, tras el giro de los acontecimientos, la apuesta del Gobierno del PP por allanar el camino para la reapertura de Garoña tendrá que lidiar con la realidad económica y con las inversiones que necesita la central. En cualquier caso, nada parece importar al Ejecutivo central que los 41 años de vida de Garoña hayan sobrepasado con creces los 25 de vida útil estimada en el momento de su construcción. El argumento de seguridad parece no valer, pero tampoco el económico. Y es que, si el Gobierno quiere reactivar Garoña, estaría en la obligación de realizar las adecuaciones exigidas por la Unión Europea, sustentadas en los informes de seguridad realizados por la Comisión Europea tras las pruebas de resistencia a las que sometió a la central burgalesa en 2012. Una adecuación que superaría los 130 millones de euros.
Alarmadas por lo ocurrido a consecuencia del tsunami que devastó la costa de Japón y pulsó el botón radiactivo de Fukushima, las autoridades continentales acometieron en 2012 un test de seguridad del que se desprendió la obligación de acometer diversas reformas a la central burgalesa en caso de querer reabrirla en un hipotético futuro. Pero ahora ese futuro ni es futuro, ni es hipotético.
En realidad, el complejo ha seguido acometiendo pequeñas obras en su interior durante este año y dos meses de inactividad, pero ninguna suficiente para que la UE acate una hipotética reapertura puesto que, tras las pruebas de resistencia, los técnicos establecieron cinco grandes deficiencias a solventar. Entre ellas, disponer de una infraestructura adecuada para poder realizar mejores y más cálculos de riesgo ante posibles terremotos o inundaciones o que cada central cuente con instrumentos sísmicos propios para medir y alertar sobre terremotos.
