vitoria. Una gran lupa sobrevuela los comercios de compraventa de oro. En España es la Guardia Civil. Aquí, la Ertzaintza. La Unidad de Seguridad Privada de la Policía autonómica vasca se encarga de la supervisión de los locales desde antes de su apertura, pues ha de inspeccionar las condiciones de las tiendas para autorizar su puesta en funcionamiento. Las medidas que deben reunir este tipo de negocios son similares a las de otros establecimientos donde se manejan grandes cantidades de dinero o piezas de valor, como las joyerías y las administraciones de lotería. Requisitos entre los que figuran disponer de una conexión a una central de alarmas, blindaje de puertas y escaparate, caja fuerte y detectores de intrusos.

Una vez abiertos los locales dedicados a las transacciones de oro, este servicio policial es responsable de diligenciar los libros de registro de sus asientos de compraventa. Los titulares de los establecimientos deben reflejar en ellos los datos del vendedor de cada pieza, así como la naturaleza del objeto, su peso y el importe abonado. Además, semanalmente los propietarios de los negocios deben presentar a la Ertzaintza una copia de los movimientos para comprobar que la procedencia de la mercancía es legítima.

En el caso de que los comerciantes incumplan algunas de las exigencias impuestas desde el Departamento de Seguridad se abre un expediente que estudia la Dirección de Coordinación de Seguridad de la Ertzaintza. En 2012, último año del que se tiene hecho balance sobre el particular, se tramitaron 73, de los que 46 correspondieron a locales de Bizkaia, 22 a Gipuzkoa y 5 a Álava. De todas las infracciones registradas, 68 fueron leves y el resto graves, referidas principalmente a cuestiones de la documentación de los contratos, desconexiones voluntarias de la central de alarma y fallos de seguridad en los recintos.

Como labor complementaria, las unidades de Seguridad Ciudadana realizan inspecciones periódicas en los locales de compraventa de oro, contrastando la información obtenida en los libros de registro y las facturas para evitar que las piezas adquiridas no sean enajenadas antes del transcurso de quince días desde su comunicación a la Ertzaintza.