vitoria. Al menos seis familias alavesas que residen en pisos de alquiler de Alokabide se encuentran a las puertas del desahucio ante la imposibilidad de hacer frente a sus cuotas desde hace ya varios meses. Así lo advirtió ayer a este periódico un portavoz de la plataforma Kaleratzeak Stop Araba, que mañana volverá a exigir mediante una concentración de protesta cambios radicales en la gestión del alquiler social. Porque los usuarios afectados a buen seguro serán muchos más, según teme el colectivo, pese a que sólo esa media docena se haya dirigido últimamente a la plataforma para solicitar su ayuda y mediación. La movilización se desarrollará a partir de las 11.00 horas ante la sede gasteiztarra del servicio público de alquiler, en la calle Portal de Gamarra.

El repunte de casos de estas características ha encendido todas las alarmas en el colectivo anti desahucios, que entre otras cosas exige la revisión de las rentas que los inquilinos deben pagar, que se haga efectiva esa función social de Alokabide que a su juicio a día de hoy "no se cumple" y voluntad política a la hora de ayudar a los afectados. Las seis familias que han puesto su caso en manos de Kaleratzeak Stop buscan un acuerdo con Alokabide para fraccionar sus pagos y así evitar una salida inminente de sus viviendas, aunque todavía sin éxito.

El caso más urgente, que afecta a un joven que reside en Gasteiz, incluso llegó este pasado martes a los tribunales mediante un juicio que ya ha quedado visto para sentencia y en el que el afectado, acompañado por la plataforma, trató de demostrar que con sus ingresos no tiene posibilidad de pagar los 4.296 euros de renta anuales que debe abonar por su alquiler.

Tras varios años de bonanza, la crisis dejó sin oportunidades laborales a este joven, que en todo 2012 sólo ingresó 2.900 euros y en 2013 poco más de 6.100 de RGI, cantidades totalmente insuficientes para hacer frente a sus pagos. El problema es que las rentas que deben abonar los usuarios de Alokabide están calculadas en función de sus ingresos de varios años atrás, en algunos casos incluso cinco, cuando muchos estaban trabajando. Al no estar actualizadas, se dan casos como los de este usuario, que hace dos años debió pagar por su piso cerca de un 150% más de lo que había ingresado en todo el ejercicio.

decreto Kaleratzeak Stop exige que el decreto aprobado este pasado 23 de diciembre por el nuevo Gobierno Vasco, que dicta que la renta máxima que los usuarios de una vivienda de alquiler social deben pagar no puede superar el 30% de sus ingresos, se cumpla "inmediatamente". El colectivo pide también que los inquilinos puedan participar en la gestión de sus viviendas, actualmente "unilateral y hermética", realizando por ejemplo las labores comunes y el mantenimiento de las comunidades para lograr un ahorro. Otra de sus reivindicaciones es que se subsanen las deficiencias energéticas que sufren algunos de los bloques de Alokabide, "que recaen en la cartera del inquilino y no del propietario". Una vez más, el colectivo pedirá mañana tanto al Gobierno Vasco como a Alokabide "agilidad" para dar respuesta a estos y otros problemas.