El pasado 24 de septiembre se constituyó la comisión de investigación del alquiler de los locales de la calle San Antonio por parte del Ayuntamiento, una operación que le iba a suponer a los vitorianos el desembolso de 6,1 millones de euros y cuyas condiciones reales diferían de lo aprobado en la Junta de Gobierno Local, el consejo de ministros municipal y único órgano autorizado para validar las decisiones del alcalde con luz y taquígrafos. El foro nació por decisión de toda la oposición para dirimir cuál fue la justificación económica, política y social que llevó a ejecutar la operación a Alfonso Alonso, alcalde vitoriano en aquel mes de febrero de 2007, y para la segunda sesión ya se había pedido su comparecencia, por cuanto lógicamente él es el objeto de la investigación y el que más información puede aportar al respecto.

El PP municipal se opuso a su comparecencia pero no pudo evitar que se solicitara, aunque en todo caso el ahora portavoz popular en el Congreso de los Diputados no tiene obligación de obedecer al requerimiento al no tener ya relación alguna con el Ayuntamiento. Eso sí, hacerse el sordo ante el chaparrón que ha supuesto este episodio de su gestión en la ciudad durante el último otoño tampoco parecía ser una buena decisión, y más viniendo de un político. Así pues, finalmente se dio con una fórmula apropiada y que el propio reglamento de la comisión contempla.

Alonso puede solicitar un cuestionario con las preguntas de los grupos, contestarlo y remitirlo al Ayuntamiento sin necesidad de subir a la tercera planta de la Casa Consistorial para someterse a una sesión fotográfica que sin duda se le haría harto desagradable. Así se hizo; hace ya más de un mes y medio que se aprobó enviar al dirigente popular las preguntas por escrito y, a día de hoy, no hay nada nuevo que decir al respecto. Alonso no ha contestado, y estamos a mediados de enero, con la comisión prorrogada, sólo por una semanas, para volver a escuchar testimonios de técnicos que despertaron más dudas que aclaraciones, de otros funcionarios y de la concejala del PP Ainhoa Domaica, que en 2007 era diputada de Bienestar Social y que asegura que la institución foral pujaba con el Ayuntamiento por el local.

El tiempo se agota, y de hecho cada grupo está ya elaborando sus conclusiones, según explican fuentes conocedoras de los entresijos de la comisión, para entregárselas a la presidenta, la socialista Maite Berrocal, y tener listo así a corto plazo el primer borrador de conclusiones. Es decir, que la comisión se encuentra en su recta final y aún no se sabe nada del testimonio más relevante sobre aquella operación. Es evidente, en ese sentido, que a Alonso no le agrada todo lo que está sucediendo en la que fuera su casa. Durante su comparecencia, y a preguntas de la oposición, el actual alcalde, Javier Maroto, afirmó que ha conversado con su antecesor sobre este tema, y según pudo saber DIARIONOTICIASDEÁLAVA, tanto en el Araba Buru Batzar, como en el Euzkadi Buru Batzar e incluso en el grupo del Congreso del PNV, se recibieron llamadas para intentar frenar la investigación política ahora en curso.

javier maroto La cuestión es que, si se demora más en su comparecencia a distancia, puede que el Pleno municipal tenga que volver a prorrogar la comisión, lo que, a fin de cuentas, a quien perjudica es al actual alcalde, Javier Maroto, que como el resto de la Corporación otea ya en el horizonte la primavera del 2015, la nueva cita electoral en el Ayuntamiento.Tampoco para Maroto ha sido cómodo este otoño, al menos en lo que a la citada comisión se refiere. Ha tenido que comparecer dos veces para dar explicaciones, y no hay que olvidar que cuando Alonso firmó el contrato del alquiler con Gonzalo Antón él era el concejal de Hacienda, el responsable de gestionar los dineros de la ciudad. Él era el jefe directo del entonces director de Hacienda, Iñaki Díez Unzueta. Este funcionario ha cargado sobre sus espaldas con la autoría del oneroso contrato y con la elección del local de Antón, y ha tenido que defender su idoneidad no una, sino dos veces, en la comisión, cuando Maroto acaba de renegociar una rebaja con el empresario ante la polvareda que han levantado en la calle las cuotas de más de 45.000 euros mensuales que abonaba Vitoria por esa lonja de 900 metros cuadrados.

Díez Unzueta ha señalado ante los grupos, por otro lado, que el actual alcalde, responsable político del contrato como concejal de Hacienda, no mostró excesivo interés por este asunto, que el técnico trataba directamente con Alfonso Alonso. Pero tampoco su testimonio incrimina, en ese sentido, al exalcalde, que en todo caso también es responsable político del alquiler por su calidad de máximo mandatario de la ciudad en aquellos tiempos. Según dijo, Alonso le encomendó buscar un local céntrico para albergar oficinas municipales, y él fue quien eligió el local de Antón y negoció tanto el precio como el pago de las obras por parte del Ayuntamiento, como el blindaje por veinte años que ha motivado la investigación municipal.