vitoria. Alfonso Alonso no siguió el procedimiento habitual para corregir la aprobación del alquiler de los locales de la calle San Antonio -por error, según el PP y varios funcionarios municipales- con una cláusula de blindaje de diez años. Así lo certificaron ayer tanto la concejala de Hacienda del gobierno socialista que sucedió a Alonso, Marian Gutiérrez, como la actual concejala de Medio Ambiente con Javier Maroto y secretaria de la Junta de Gobierno Local en 2007, Idoia Garmendia.

La idea inicial era, según los técnicos que intervinieron en la operación y el grupo municipal del PP, que fueran veinte años los que el Ayuntamiento debería pagar a Gonzalo Antón aunque la institución decidiera dejar antes de ese plazo las oficinas. Por ello, el alcalde Alonso y Antón firmaron un contrato corregido que duplicaba la cláusula de blindaje aprobada en la Junta de Gobierno Local, pero sin certificarlo en este consejo de ministros municipal. La operación le iba salir a la ciudad por unos 6 millones de euros, pero tras la renegociación emprendida por el alcalde Maroto en las últimas semanas el arrendamiento costará 2,5 millones menos.

A preguntas de la concejal de EH Bildu Itziar Amestoy, Gutiérrez declaró que "no es habitual pero tampoco inhabitual" que los equipos de gobierno aprueben acuerdos con errores, y que "lo razonable es llevar una corrección de esos errores a la Junta y subsanarlos". En la legislatura socialista hubo de hecho varios de esos errores, señaló la concejala de Hacienda con Patxi Lazcoz, y fueron corregidos en las reuniones semanales del equipo de gobierno.

Garmendia fue más escueta pero suficientemente clara. "¿La Junta de Gobierno Local tendría que certificar la modificación de un acuerdo?", le preguntó Amestoy. "Entiendo que sí", respondió la edil, que por otro lado dijo no haber sido informada como secretaria de la Junta de Gobierno de que se había producido el citado error. La concejala popular respondió a la mayoría de las preguntas de la oposición remitiéndose a las actas de aquel 9 de febrero de 2007 y a las declaraciones de los técnicos que han comparecido en la comisión en las últimas semanas.

Gutiérrez, por su parte, llamó la atención sobre el hecho de que el director de Hacienda con Alonso, que también lo fue con el PSE durante un tiempo y que defendió los términos del contrato en la comisión, no le informara como última responsable del departamento de que el interventor municipal le había advertido por carta de lo irregular de la modificación. "Fue sorprendente", señaló la edil socialista.