vitoria. Dentro del drama general que la crisis económica ha provocado entre miles de familias alavesas, existe un colectivo concreto que sufre aún más si cabe los efectos del desempleo y los recortes. Se trata de las personas discapacitadas, que de un tiempo a esta parte han padecido una merma evidente en su calidad de vida en este escenario de continuos ajustes y, en consecuencia, un retroceso en sus derechos fundamentales más básicos.

Así lo entiende Elkartean, la Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de Euskadi, que no tira de filosofía para poner de relieve esta cruda realidad, sino que se vale de datos concretos y oficiales. Cifras contrastadas recogidas en un estudio donde se pone en evidencia la "restrictiva" evolución que han sufrido las prestaciones y los recursos para este colectivo en tres ámbitos clave, el empleo, la inclusión social y la dependencia. "Es evidente que las partidas disminuyen año a año y también que la crisis sirve para justificar todo tipo de recortes, que afectan a los colectivos más vulnerables", denunció ayer Silvia Apodaka, portavoz de Elkartean. El informe, que fue presentado en Gasteiz, advierte también sobre el endurecimiento de los requisitos de acceso a estas ayudas económicas.

El colectivo censura que sigue existiendo un desequilibrio importante entre el apoyo al empleo protegido y la necesaria apuesta por la integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario. Mientras durante este 2013 se han aportado 34 millones de euros en la CAV para los centros especiales de empleo, sólo se han destinado 400.000 euros para ayudas a la contratación indefinida de discapacitados en trabajo ordinario. "Los centros de inserción deberían servir como puente al mercado laboral ordinario, pero son meras empresas productivas", censuró, por su parte, el también portavoz Igor Navarro. Un empleo protegido donde "los trabajadores son mano de obra barata", que carecen de una representación sindical que defienda sus derechos y luche por alcanzar la equiparación salarial y laboral con el resto de trabajadores.

Los datos evidencian, para más inri, que el desempleo entre las personas con discapacidad creció en 2012 en un 25,66% en Euskadi, por el 16,29% de la población general. La tasa de actividad se situaba entonces sólo en el 36,6% entre este colectivo. Por todo ello, Elkartean exige que se desarrollen políticas activas de empleo que apuesten por incorporar de forma "prioritaria" a los discapacitados al empleo ordinario.

La "muy significativa" reducción de las prestaciones para la inclusión social -las de desempleo, la RGI o las AES- también surge como una "alarmante" problemática a juicio de Elkartean, que entre otras cosas exige la actualización anual de éstas con la aplicación del IPC o que la RGI sea compatible como complemento de la pensión no contributiva y con las prestaciones por hijo.

Los recortes en la dependencia merecen capítulo aparte, ya que el análisis -que en breve será presentado a todos los partidos con representación en el Parlamento Vasco- desvela otros "datos muy preocupantes", como que de las 46.598 personas con derecho reconocido a percibir prestación por dependencia un 12% carece de ayudas. Un escenario que incluso puede ir a peor ante la "demolición" de este sistema que a juicio de Elkartean ha puesto en marcha el Ejecutivo central, y que sólo ha podido ser paliado en parte gracias al esfuerzo económico de las diputaciones. El colectivo pide que se mantenga esta apuesta de los entes forales por mejorar los niveles mínimos estatales, que se realice un despliegue más equitativo en los tres territorios vascos y que se cubran las prestaciones de todas las personas beneficiarias.