vitoria. Dos millones y medio de euros es la cantidad que la ciudad dejará de pagar a Gonzalo Antón tras el acuerdo alcanzado entre el empresario vitoriano y el Ayuntamiento en la renegociación del alquiler de los locales de la calle San Antonio. Así se desprende de un informe económico encargado por el alcalde, Javier Maroto, y que aplica a la realidad la rebaja del 30% en el importe de las cuotas pactada con Antón y la actualización limitada al IPC -en su día se previeron subidas de hasta el 9% anual-. Asimismo, se ha sacado del contrato el alquiler de tres plazas de garaje del edificio y el del trastero. Con todos estos ajustes, la factura mensual que los vitorianos tendrán que abonar desde diciembre a Gonzalo Antón ascenderá a 14.178 euros.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la inclusión en el contrato de la addenda que contempla estas nuevas condiciones -y que las anula si alguna de las partes incumple sus compromisos- y ahora resta que el empresario mirandés estampe su firma en el documento. Antón ha accedido a rebajar el leonino contrato (según los técnicos municipales estaba sujeto al mercado precrisis) que le iba a reportar casi seis millones de euros en veinte años, tanto si el Ayuntamiento lo utilizaba como si no. Sus beneficios van a caer, tras negociar con el equipo de gobierno, un 43,76%.

Según el alcalde, la razón de que Antón haya cedido es que todos los alquileres comerciales se están revisando en plena crisis inmobiliaria, y por ello afirmó que el empresario no ha recibido nada a cambio de rebajar las cuotas. "Los propietarios no pueden exigir los precios de antes de la crisis", señaló Maroto, quien aprovechó para afear a su predecesor, Patxi Lazcoz, que no hubiera iniciado los contactos con el empresario cuando era alcalde.

Aunque es cierto que el precio general de los alquileres está bajando, en este caso el arrendamiento no era como el de cualquier lonja, precisamente porque Antón había blindado el contrato y el Consistorio no podía presionarle amenazando con dejar el local debido precisamente a esa cláusula de penalización, ahora también revisada. Si el Ayuntamiento deja las oficinas, sólo tendrá que pagar la mitad del alquiler restante, y no su totalidad.

muebles bonilla Por otro lado, Maroto aseguró que no hay novedades con respecto al inmueble de muebles Bonilla, en la calle Vicente Goicoechea y también propiedad de Antón, quien reclama 9 millones de euros al Consistorio aprovechando un resquicio legal. El empresario unificó las dos parcelas de que constaba la finca, y así la protección de que gozaba la fachada se extendía a toda la superficie, así como la indemnización que debían abonarle todos los vitorianos por no poder ejercer todos sus derechos urbanísticos debido a la mencionada protección.