gasteiz. El fracking no estará prohibido por la Ley en Parques Naturales, zonas de la red Natura 2000, Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y demás áreas protegidas de Euskadi por su especial interés medioambiental. El Parlamento Vasco certificó ayer lo que ya decretó en una ponencia celebrada en la Cámara a puerta cerrada: que prohibir la fractura hidráulica en estos espacios contraviene la jurisprudencia, que rechaza vetos genéricos en el ámbito de la minería en defensa del medio ambiente.

Así, la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza aprobada ayer en el Legislativo autonómico delega en los órganos de gestión de cada espacio protegido la decisión de prohibir proyectos concretos, de fractura hidráulica o cualquier otra técnica, si perjudican al entorno.

Se rechaza así la petición de las Juntas Generales de Álava, que presentaron al Parlamento una proposición de Ley que abogaba por el veto expreso al fracking en espacios protegidos, y que salió adelante con los votos de EH Bildu, Ezker Batua y también del PNV. El propio Gobierno Vasco informó en contra de esta resolución de las Juntas Generales con ese argumento de que contravenía la jurisprudencia desplegado también en la ponencia y en el Pleno celebrado ayer.

Desde el PNV, Luis Javier Tellería subrayó que en el texto aprobado se prohíben "todas las actividades extractivas y usos incompatibles con valores ambientales", y la socialista Natalia Rojo, la popular María del Carmen López de Ocáriz y Gorka Maneiro, de UPyD, apelaron al principal argumento del dictamen, la inadecuación jurídica de una prohibición expresa. Por su parte, Dani Maeztu, de EH Bildu, acusó al resto de formaciones de "proteger los intereses económicos del lobby energético".

Por su parte, la plataforma Fracking ez Araba, presente en el Pleno, criticó la resolución del Parlamento y aseguró que seguirá trabajando para presentar una Iniciativa Legislativa Popular contra esta técnica.

La modificación de la Ley que finalmente fue aprobada señala, en su artículo 17, que dentro de los límites de los espacios naturales protegidos y sus zonas de afección se prohibirán las actividades extractivas que resulten incompatibles con los valores ambientales que se protegen. En caso de que el órgano gestor de ese espacio decida que la actividad minera no perjudica al medio ambiente, el proyecto en cuestión se someterá a una evaluación de impacto ambiental, instrumento que en breve se deberá tramitar en cuatro meses, en lugar de los tres años de media que se empleaban hasta ahora. El Congreso de los Diputados debatía ayer esta reforma legal que la oposición tilda de "mercantilista", y que según el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, persigue "simplificar y agilizar los procedimientos y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional".

Casi de forma paralela, el Senado daba el visto bueno, el miércoles, a la reforma legal para garantizar el suministro eléctrico en las islas y que autoriza el fracking en el Estado español.