Vitoria. La decisión de salvar los puestos de trabajo de las subcontratadas del servicio de atención ciudadana de los centros cívicos hasta el 31 de diciembre no estaba tan bien atada cuando PP y PNV escenificaron el acuerdo presupuestario. La formación nacionalista, que forzó al equipo de gobierno a mantener esos veinte cargos dentro de la negociación de las Cuentas, aseguró a las personas afectadas que hasta el 31 de julio -fecha fin de la contrata- seguirían en sus actuales ventanillas y que, a partir de entonces, con la sustitución de sus puestos por funcionarios de la casa, serían recolocadas con el acuerdo de ambas partes. Sin embargo, la idea del gabinete Maroto expuesta en los medios de comunicación es iniciar los cambios después de Semana Santa. "Son dos informaciones muy distintas, y no sabemos con cuál nos tenemos que quedar", lamentó ayer la portavoz de las empleadas, Ixone Iriarte.

El PNV ha invitado a las afectadas a "mantener la calma", asegura la presidenta del comité, insistiendo en que hay margen hasta el 31 de julio y con la garantía de que "si no nos gusta la ubicación que se nos propone nos podamos quedar en los centros cívicos". Sin embargo, ayer mismo, el equipo de gobierno mantenía su calendario. "Más de 170 funcionarios han hecho ya los exámenes para optar a estos puestos y vamos a convocar un concurso de traslados entre los oficiales de control, operadores de sala y conserjes, que son los tres grupos que se han fusionado, de forma que después de Semana Santa comenzará la incorporación progresiva de estas personas a los puestos de atención ciudadana de los centros cívicos", explicó. Paralelamente, por tanto, las subcontratadas serían recolocadas "en otros espacios de atención ciudadana", pudiendo "optar entre varias alternativas".

No lo puede tener más claro el equipo de gobierno. "Este plan de racionalización de recursos humanos continúa adelante", sostiene. Por eso no acudió ayer a la primera reunión del grupo de trabajo formado por la oposición con el objetivo de estudiar de forma conjunta el modelo de atención ciudadana y consensuar una alternativa rentable. "Además, ni siquiera pueden hacerlo, porque la competencia no es del Pleno", matizó. PNV, PSE y Bildu alegaron justo lo contrario, lamentando "la falta de respeto" del gabinete Maroto por no acudir. Tras el encuentro, con todo, solicitaron la paralización del plan del PP, su incorporación al equipo y la presencia de los técnicos. Aún no han perdido la esperanza.