vitoria. Ha hecho falta que un vecino manchego creyera que su ayuntamiento le había cobrado de más en el impuesto de plusvalías y acudiera a juicio para que se sepa que los consistorios españoles ingresan hasta un 40% extra por "una interpretación incorrecta" de la ley. Es la conclusión de una sentencia de Cuenca, y Vitoria no es ajena al error. El Ayuntamiento gasteiztarra admitió ayer que hace lo mismo que el resto de entes locales: tomar como base el valor catastral de la vivienda en el momento de la transmisión a la hora de hacer la liquidación, en vez de atenerse a la diferencia del valor catastral entre la fecha en que se adquirió la propiedad y cuando se vende o hereda, que es justo lo que plantea el fallo de los tribunales. No obstante, en vez de dar por bueno el dictamen del magistrado, el gabinete de Javier Maroto afirma que está aplicando "lo que indica la normativa vigente" y que ésta viene definida a su vez "por una norma foral" que es idéntica a la española, por lo que "no tenemos margen de maniobra al respecto".

Esa ley, sin embargo, es la que los juzgados de Cuenca advierten de que no se está interpretando de forma adecuada por su "ambigua" redacción. El impuesto de plusvalías -aplicado sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana cuando se produce la venta de una propiedad o se recibe una herencia o donación- debe gravar el aumento del valor de una propiedad como máximo en los últimos veinte años. Sin embargo, lo que hacen los ayuntamientos al tomar como base el valor catastral de la propiedad en el momento de transmisión es gravar la subida de precio que tendría en las dos décadas siguientes. De ahí que cobren de más. Una situación que ya ha puesto en pie de guerra a varios vitorianos, dispuestos a movilizar a los afectados de la ciudad de los últimos cuatro años, límite máximo para llevar a cabo las reclamaciones.

Mientras las Juntas Generales de Álava no tomen las riendas de este asunto, el Ayuntamiento gasteiztarra seguirá cobrando la plusvalía municipal de la misma forma. No obstante, si se extienden las demandas ciudadanas, la sentencia de Cuenca podría crear jurisprudencia. Un soplo de aire fresco para quienes en Vitoria puedan haberse visto perjudicados por la liquidación de este impuesto, ya que podrán denunciar su caso ante los juzgados con grandes posibilidades de éxito. "Por eso tenemos que formar una plataforma, para registrar una demanda colectiva y no pagar tantas tasas", señala el ciudadano que ya ha presentado una instancia privada en el Consistorio.

Para Maroto sería una mala noticia, ya que la devolución de las liquidaciones supondría un varapalo en sus debilitadas arcas públicas. En su conjunto, los consistorios podrían enfrentarse a devoluciones de más de 1.600 millones de euros si tuvieran que revisar cada uno de los casos de los últimos cuatro años.