Vitoria. El PP ha cambiado de banquillo y también lo ha hecho de filosofía. En la oposición, abogaba año tras año por congelar los impuestos. Ahora que está en el gobierno, abrumado por la preocupante situación económica del Ayuntamiento vitoriano y tras advertir que los recortes en el gasto corriente aplicados en su primer año de mandato no han llegado a sacarlo de los números rojos, se ha fijado otro objetivo: aumentar los ingresos corrientes y, por tanto, "modificar la estructura fiscal y reorganizar los impuestos". Ahora, al gabinete Maroto sí le interesa saber cuánto le cuesta al Consistorio cada servicio que ofrece y hasta qué punto lo subvenciona para que el ciudadano comience a pagar de una manera más justa para ambos bandos. Más, de seguro, en muchos casos.
Este planteamiento no es nuevo en el seno del Ayuntamiento. Durante la legislatura socialista se puso en marcha una ponencia de fiscalidad para analizar cuánto cuestan los servicios del Ayuntamiento y, a partir de ahí, establecer los tributos y las bonificaciones pertinentes en función de las características de cada ciudadano. No obstante, fue ayer cuando por primera vez el PP aparcó su discurso en favor de la congelación para apostar por una fórmula distinta. Los números mandan. El resultado presupuestario de 2011 ha sido de -2,060 millones de euros. Y aunque con los "reajustes" realizados en el segundo semestre de ese año el balance ha sido mucho mejor que durante el gobierno de Lazcoz (llegó a dar -27 millones en 2009) ya no vale sólo con meter la tijera.
Los ingresos de 2011 fueron muy inferiores a lo presupuestado por los socialistas por el descenso del Fofel y la escasa venta de suelo municipal, entre otros factores. Y ese desajuste, fruto de una previsión optimista, ha generado un grave problema de tesorería. En 2008, había un remanente de 46,92 millones de euros. Ahora, de tan sólo 11,28. El dato, por simple comparación, es malo, pero hay algo peor. Esa cifra no es el dinero contante y sonante del que dispone el Consistorio, sino el que ha facturado pero que necesariamente no ha llegado a cobrar.
En realidad, su cash pinta rojo: en concreto, -31,02 millones. Y este panorama ha sido precisamente el que ha llevado al equipo de gobierno a diseñar su plan contra el fraude fiscal. "Va a ser nuestro cobrador del frac y, por tanto, una herramienta fundamental para dar aire a la tesorería", explicó Uriarte. Ahora bien, el concejal de Hacienda quiere que, más allá del gobierno, todos los partidos políticos "se involucren en la tarea de aumentar los ingresos" y así se lo hizo saber ayer durante la presentación de la Cuenta General de 2011. Una invitación-exigencia que no fue muy bien recibida, dado que el gabinete Maroto fue quien decidió retirar su proyecto presupuestario y prorrogar las Cuentas del año anterior, impidiendo el debate de las partidas y su control en el Pleno.
reacciones de la oposición El PNV incidió especialmente en este punto. A juicio del concejal Borja Belandia, un presupuesto debatido y aprobado "habría dado la oportunidad de discutir y consensuar desde ya medidas" que dieran respuesta "a la situación tan delicada" que atraviesa el Ayuntamiento. Pero como esto ya no es posible, el concejal instó al gobierno a por lo menos crear un plan de legislatura, un marco de colaboración, en el que participen todos los partidos y evite "que se tomen medidas unilaterales". Eso sí, "quien tiene la pelota y debe sacarla para jugar es el PP", advirtió el edil de la formación nacionalista.
Frente al espíritu crítico pero conciliador del PNV, el PSE se destacó por su estrategia ofensiva. Patxi Lazcoz achacó parte de los números rojos de su etapa a las herencias del ejecutivo de Alfonso Alonso, acusó de demagogia a los populares por hablar de subir los ingresos -que es lo que recomendaba el interventor- cuando en la oposición acusaron a los socialistas de "arruinar a las familias" con subidas del IPC y exigió a Uriarte que celebre simultáneamente para octubre los debates de las ordenanzas fiscales y del Presupuesto si quieren contar con él.
Bildu repartió responsabilidades entre el pasado gobierno y el actual. Según el edil Antxon Belakortu, el PP es culpable de haber impedido el debate presupuestario y de aplicar recortes que han acabado afectando a servicios de carácter social. Por eso, se mostró reacio a tomar ahora alegremente la mano del gabinete Maroto para resolver la que, según todos los grupos, es una "preocupante situación".
