Vitoria. La suspensión del BAI Center tenía un precio. Y ahora ya se sabe cuál es: 1,88 millones de euros. Es el dinero que el Ayuntamiento de Vitoria deberá pagar en concepto de indemnizaciones a las empresas que habían sido contratadas para ejecutar el centro internacional de congresos. Para el gabinete de Javier Maroto y Bildu, responsables de la paralización del proyecto, el acuerdo alcanzado con estas firmas es "bueno" porque salva a Vitoria "de una inversión faraónica que no se podía permitir" a cambio de un gasto "asumible". Para el PNV y el PSE, sin embargo, sólo constituye la punta de un iceberg de enormes dimensiones, porque con el dinero gastado inútilmente entre la redacción del proyecto, la gestión y el inicio de obras en realidad la ciudad ha perdido "cerca de 10 millones de euros".

El gabinete Maroto aseguró que el abono de los trabajos realizados hasta la fecha ascienden en realidad a 1,1 millones. Pero, en cualquier caso,. responsabilizó de los gastos añadidos al anterior gobierno por embarcar a la ciudad en un proyecto caro sin financiación externa. El PP sólo se atribuye los 1,88 y, además, con satisfacción. Según explicó, gracias a la labor desarrollada por los técnicos involucrados en la negociación con las empresas a las que ha habido que indemnizar, la cifra final ha sido muy inferior a la establecida al inicio de las conversaciones. Las firmas habían solicitado 5,382 millones de euros por los daños y perjuicios ocasiones por la suspensión del BAI Center. Y han acabado acordando que sean 1,88 millones, 3,50 menos que en sus aspiraciones iniciales.

El dinero se repartirá de la siguiente manera. A Idom le corresponde una liquidación de 149.103 euros, con una indemnización pactada de 75.000 euros por daños y perjuicios. El arquitecto del complejo, Mariano Bayón, se llevará 736.000 euros de indemnización, junto con 196.862 euros pendientes de pago por trabajos que ya se habían efectuado. La empresa Lavola cobrará 68.000 por labores realizadas. Ferrovial se irá a casa con más de 920.000 euros en materia de indemnización y con 462.011 por la suspensión del contrato. Bassat Ogilvy Comunicación ha acordado 40.000 euros de daños y perjuicios y 221.684 euros por labores ejecutadas. Y respecto a la estación de autobuses de Arriaga, paralizada y trasladada a Euskaltzaindia, la UTE San José-EBA recibirá en concepto de indemnización 109.05 euros.

"Hemos conseguido un acuerdo bueno para la ciudad", subrayó el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica. "Finalmente se ha perdido el 1% del presupuesto del BAI Center. Es un gasto asumible y no nos supone ningún quebradero de cabeza haber apoyado su paralización", opinó el portavoz de Bildu, Kike Fernández de Pinedo. El líder del PNV, Gorka Urtaran, insistió en que hay que tener en cuenta también los gastos que ya se habían realizado. Y el padre del gran proyecto fallido, Patxi Lazcoz, se preguntó qué concepto del dinero tienen populares y abertzales, "como si fueran dos milloncejos de nada. Con ese dinero se podrían pagar muchas cosas que se van a recortar en los Presupuestos, como los programas de salud o Gauekoak", advirtió el exalcalde.

Cruce de acusaciones El cruce de acusaciones tuvo lugar durante la Junta General de Accionistas de Ensanche 21, abierta a los medios de comunicación -cosa infrecuente-. Y ya fuera porque los periodistas seguían el encuentro o porque se acercan las Cuentas, la de ayer fue una jornada de confrontación. La culpa la tuvo el acuerdo alcanzado por el gobierno y Bildu para blindar los proyectos en los nuevos barrios. Un nuevo modelo de gestión que deja sin fondos la caja de Ensanche 21 y acaba con la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich).

Vayamos por partes. Por un lado, el Ayuntamiento renuncia a los dividendos que Ensanche 21 le transfiere cada año para financiar distintas obras pero, a cambio, se queda con los 50,3 millones de euros que ya se habían sacado de la sociedad urbanística para financiar el BAI Center. Así, se evita el trámite administrativo de devolverlos y tener que sacar dinero en cada ejercicio. Por otro, el Consistorio extrae de Ensanche 21 48,250 millones para estos próximos tres años que permitirán la construcción de los centros cívicos de Salburua y Zabalgana (33,25), inversiones en el Casco Viejo (15) y equipamientos menores en los nuevos barrios. Y por último, la Arich desaparece y sus funcionarios vuelven a sus plazas de Promoción Económica, para llevar los temas sociales de la colina, o entran en Ensanche 21 para los aspectos más urbanísticos. Una maniobra que permite adquirir la sede de la Arich y Gure Chocoa, para dependencias de Ensanche 21.

¿Problemas? Sí y gordos, a juicio de los partidos que decidieron no apoyar estas maniobras. El PNV considera que Maroto ha vaciado de fondos Ensanche 21 para financiar proyectos partidistas, acusó a Bildu de dar al alcalde un cheque en blanco porque no hay ningún plan de equipamientos para los nuevos barrios y advirtió de que la disolución de la Arich no supondrá ningún ahorro. El PSE alertó de que estamos ante un acuerdo "de legislatura que expolia Ensanche 21 y deja en manos del gobierno la capacidad de decisión económica que antes correspondía a los grupos". Los atacados no dudaron en defenderse. Bildu recordó que su intención es que desaparezcan las sociedades públicas y el PP aseguró que la gestión será "más transparente".