Vitoria. La tenacidad de los funcionarios de Vitoria no duerme. Ayer, más de 600 trabajadores se manifestaron en la calle y pasaron la noche bajo techo municipal. Habían transcurrido 42 días desde el primer encierro, una protesta con medio millar de sacos de dormir que llevó al alcalde a dar un paso atrás y devolver a los empleados parte de los derechos sociales que les había recortado para reducir el déficit de las arcas en los nueve millones de euros exigidos por el decreto-ley de Zapatero. Pero ellos no quieren medias tintas, porque creen estar en su derecho de reclamar el cumplimiento del convenio laboral al cien por cien y porque se niegan a ser los paganos de las medidas de ahorro del Ayuntamiento "mientras Lazcoz gasta 48 euros por cada botella de vino que se consume en reuniones de trabajo o se deja 38.000 en puros y entradas a los toros".

Los funcionarios iniciaron las protestas a las siete de la tarde con una manifestación desde la Virgen Blanca hasta el lugar del encierro y de la asamblea nocturna, el polideportivo del Europa. Fue una multitudinaria y ruidosa marcha en la que los participantes reclamaron el leit motiv de su lucha: volver a tener el complemento de prestación en caso de baja laboral. "Enfermar no es un delito", recordaron alto y claro cientos de voces. Hasta antes de la aplicación del decreto-ley, la plantilla cobraba la totalidad de su sueldo si no podía ir a trabajar. Pero a raíz de la orden de Madrid de reducir los números rojos, el Gobierno optó por cuadrar las cuentas recortando los sueldos de los empleados entre un 1% y un 5% y quitando esta compensación social con la justificación de que la otra opción era despedir a eventuales.

El comité de empresa del Ayuntamiento llegó a aceptar la tijera económica, pero no la social. Y empezaron las protestas, con concentraciones frente a la Casa Consistorial y un encierro múltiple en los distintos locales municipales a principios de octubre. El alcalde cedió a la presión y, tras varias reuniones con los portavoces de la plantilla, a finales del pasado mes presentó su oferta: pagar el 75% del sueldo hasta el día 21, e incluso completarlo si a lo largo del año se reduce la tasa de absentismo laboral en un punto, y el 100% a partir del 22. Los funcionarios rechazaron la propuesta, porque quieren este derecho social tal y como viene recogido en el convenio, pero Lazcoz obvió el descontento y la aprobó a través de la Junta de Gobierno Local. Empezaba una nueva batalla.

Durante las últimas semanas, en los portales de toda Vitoria han aparecido folletos que ejemplifican los "despilfarros" del alcalde en plena época de crisis. "Se ha implicado casi toda la plantilla en el buzoneo, así que estamos muy contentos", aplaudió ayer la secretaria del comité de empresa, Mónica Gómez de Segura, quien recordó que habrá un continuará de gastos. "Y más actuaciones". Ayer por la noche, en la asamblea general celebrada a las 22.30 horas, los portavoces de la plantilla acordaron con los trabajadores reunidos las nuevas movilizaciones. "Lo que tenemos claro es que vamos a seguir luchando hasta recuperar el complemento", apuntó el comité, que ya a primera hora de la mañana había ofrecido un aperitivo a Lazcoz de lo que se le venía encima.

Seis miembros interrumpieron la Comisión de Función Pública y desplegaron la consabida pancarta de No a los recortes sociales. La presidenta de la reunión, la peneuvista Jone Zamarbide, les explicó que o abandonaban la sala o se suspendería el acto. Pasó lo segundo, aunque al rato, cuando los sindicalistas ya se habían marchado, se retomó. Eso sí, las distintas formaciones políticas no dudaron en posicionarse. El PNV, EB y EA consideran que el gabinete de Patxi Lazcoz debe buscar otras fórmulas para reducir el déficit de las arcas que no violen los derechos de la plantilla y permitan reconducir las difíciles relaciones con los trabajadores municipales. Especialmente críticos se han mostrado, pese a su posición de socios presupuestarios, los jeltzales, quienes acusan al primer edil de aprovechar el decreto de Madrid para reducir el absentismo, cuyo coste en el último ejercicio ascendió a 6,4 millones.