vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria gana tiempo para solventar el problema de las huertas ecológicas. El gabinete Lazcoz, apoyado en la opinión de los técnicos, insiste en que es necesario establecer una nueva condición para acceder a estos terrenos municipales: que sea por un máximo de cinco ejercicios. Otra cuestión es cómo afectará esta medida a los adjudicatarios que accedieron a los cultivos con retraso por las obras que realizaban en los terrenos, para los que habrá una compensación de tiempo y, en lugar de dejarlos este mes de octubre, tendrán hasta el próximo mayo. La solución final aún no ha llegado, aunque parece quedar lejos de las demandas de los afectados.

La responsable del departamento, la concejala Alba Cañadas, siempre ha insistido en la necesidad de establecer ese límite de uso, para así asegurar el acceso de más público a las huertas, que surgieron hace doce años como una apuesta por la agricultura ecológica, para evitar los cultivos ilegales en las riberas del Zadorra y para ofrecer una actividad de ocio a personas mayores. El terreno se adjudicaba por un año prorrogable, pero sin límite de uso. Sin embargo, técnicos del Centro de Estudios Ambientales explicaron ayer a los grupos municipales que, desde 2006, el servicio arrastra problemas ante la cantidad de interesados en participar en el proyecto: hay unas 400 solicitudes pendientes para estas zonas de Olarizu y Abetxuko. Y, ya este año, ante el temor de que se produjera un atasco, se optó por establecer ese máximo de cinco años.

La medida enfadó a decenas de usuarios, sobre todo de los nuevos terrenos de Abetxuko, pues invirtieron un tiempo clave en acondicionar estos terrenos, tuvieron que esperar a que se realizaran unas obras y, además, han tenido que luchar contra la meteorología, en formas de riadas y granizada. Estos adjudicatarios solicitaron que, al menos, ese límite de uso llegara a entre ocho y diez años y que se establecieran más medidas de control, para evitar que hubiera concesiones en la misma familia o que familiares de adjudicatarios cultivaran los terrenos.

Así las cosas, estas diferencias provocaron reacciones en todos los grupos municipales, que ayer se citaron en el Consejo del CEA para escuchar a los técnicos y buscar una solución. El PP considera necesario que, pese a establecer un límite para futuros adjudicatarios, se adopte una solución intermedia para los actuales negociando con los afectados. La concejala -y ex responsable de Medio Ambiente- Idoia Garmendia ha criticado que el Ayuntamiento decidiera seguir adelante con el límite de uso sin contar con los partidos ni con los usuarios.

Esta posibilidad de llegar a una disposición transitoria, una vía intermedia, es la solución que sonó con más fuerza para resolver esta polémica, pues contaría con los apoyos de PP y PNV. Fuentes jeltzales insistieron, no obstante, en que no tendrán una postura definitiva hasta volver a escuchar la opinión de los técnicos, en cuyas manos dejó el tema el equipo de gobierno.

la prórroga Por tanto, toca esperar. El gabinete Lazcoz se comprometió a estudiar cómo se pueden cambiar las bases, pero se reafirma en que ese límite de cinco años resulta necesario -una cuestión en la que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos- y será el mismo para todos los adjudicatarios. Fuentes de Medio Ambiente precisaron, no obstante, que se pretende habilitar una prórroga a aquellos adjudicatarios de una huerta que se vieron afectados por las obras en los terrenos para que, en lugar de abandonar esta práctica este mes de octubre, una de las cuestiones por las que apremiaba tomar una decisión, puedan hacerlo en mayo.

Todos los grupos se mostraron de acuerdo en seguir las indicaciones de los técnicos, que volverán a presentar sus conclusiones en una próxima reunión del CEA. No se concretaron fechas. La propuesta barajada, en cualquier caso, aún se queda lejos de las solicitudes de los afectados, que en reiteradas ocasiones han anunciado su voluntad de retomar las movilizaciones si el Ayuntamiento no da marcha atrás.