vitoria. La sombra de los tribunales amenaza uno de los proyectos estratégicos del alcalde, las futuras oficinas municipales de San Martín. Murias, la constructora que perdió el concurso frente a la UTE formada por las firmas vitorianas Lagunketa, Zikotz, Pérez de San Román y Giroa, anunció que iría a juicio si el gabinete de Patxi Lazcoz desestimaba su petición de celebrar otro certamen al considerar que se habían producido infracciones durante el procedimiento. Y ese condicional se ha cumplido. Una piedra en el camino que, sin embargo, al primer edil no le ha hecho pupa: "Duermo muy tranquilo porque los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento aseguran que las cosas se han hecho bien".

Los técnicos estaban sobre aviso, porque éste era ya el segundo certamen que se celebraba a cuenta del proyecto de las oficinas de San Martín. El primero, en el que compitieron las dos mismas empresas con victoria de la UTE, fue anulado después de que Murias presentara un recurso y se demostrara que el grupo ganador había vulnerado el pliego de condiciones introduciendo una cláusula relativa a la construcción del parking por la que no se comprometía a vender todas las plazas en el tiempo establecido. Así que el equipo de gobierno convocó un nuevo certamen y, consciente de que buena parte del riesgo económico de la operación residía en dar salida a esas parcelas, dio la posibilidad de construir el parking por fases.

La UTE volvió a ganar y Murias no tardó en poner otro recurso. Esta vez, por considerar que se habían producido irregularidades que vulneraban el principio de transparencia, como el hecho de que no se leyeran las proposiciones económicas en la Mesa de Contratación el día de la apertura de dichos sobres. El alcalde, sin embargo, negó cualquier tipo de infracción. "Después de lo que sucedió con el primer concurso, se ha mirado con lupa el procedimiento del segundo desde el punto de vista técnico y jurídico. El cuidado que se ha tenido ha sido escrupuloso y exhaustivo", subrayó.

Lazcoz atribuyó la determinación de Murias a la difícil situación económica que se atraviesa en la actualidad. "Es normal que en plena crisis las empresas traten de conseguir todos los trabajos posibles, y que usen todos los recursos que les permite la normativa", aseveró. Una teoría que el equipo de gobierno ha usado para justificar la presentación de recursos en otros proyectos, como el del Palacio de la Música, y con la que la delegación alavesa del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro no está de acuerdo. A su juicio, las reclamaciones jamás se interponen por si salta la liebre, sino que como hay menos trabajo, son más las empresas que se presentan a un mismo concurso. Por tanto, aumenta la probabilidad de que haya más profesionales descontentos con la valoración del jurado.

En el caso de las oficinas, el alcalde seguirá con los planes marcados. La idea es que este año arranquen las obras del parking, que se construirá en tres fases. El proyecto del edificio estaría listo en siete meses, a los que se sumarían otros 28 para llevar a cabo su ejecución. De acuerdo con los detalles del contrato, el Ayuntamiento pagará a la UTE 2,8 millones de euros anuales y, al cabo de tres décadas, el recinto será de propiedad municipal. En él se alojarán 300 funcionarios repartidos ahora por edificios obsoletos que cuestan 2,5 millones de euros anuales en alquileres.