vitoria. La política de subcontratación que tiene entre manos el alcalde, Patxi Lazcoz, parece que no convence a nadie. Los sindicatos y el Consistorio mantienen un constante tira y afloja que aún no se sabe cómo acabará. Además, el asunto se complica porque ya hay quién ha alzado la voz para dar la espalda a las decisiones tomadas por el equipo de gobierno.

Las primeras protestas no se han hecho esperar. El centro especial de empleo Indesa es, habitualmente, el encargado de realizar las labores de limpieza de apartamentos tutelados, residencias de personas mayores y diferentes centros cívicos de la ciudad. Aquí llega el problema. La decisión tomada por el gobierno Lazcoz de subcontratar la limpieza del nuevo centro cívico de Ibaiondo a una empresa del ámbito privado, ha caído como un jarro de agua fría en los empleados de Indesa.

Los representantes del centro, pancarta en mano, se concentraron en la mañana de ayer a las puertas del Consistorio vitoriano para reivindicar que la limpieza del centro de Ibaiondo regrese a su propiedad, como ocurre con otros centros cívicos de la ciudad. Por casos como éste, en el que un servicio público será gestionado por una empresa privada, el grupo municipal de Ezker Batua presentó ayer en el Pleno del Ayuntamiento una moción para la realización de un estudio sobre las condiciones de los trabajadores subcontratados.

José Navas, portavoz del grupo, considera que "este debate está contaminado" y que "sólo falta voluntad". EB piensa que con esta serie de privatizaciones, las empresas contratadas o subcontratadas evitan las obligaciones que impone la Ley de la Función Pública. "Segmenta claramente el empleo", afirma el grupo. La moción propone un acuerdo basado en dos puntos concretos. Por un lado, la realización de un estudio acerca de las condiciones laborales de los trabajadores por parte de las empresas con vinculación contractual con el Consistorio. Y, por otro, el impulso de empleos estables y con derechos en los servicios municipales externalizados. Finalmente, la moción salió adelante con los votos de PNV, EA y EB, más el de PSE en el segundo punto. A este respecto, la concejala Marian Gutiérrez afirmó en el Pleno que "este gobierno no comete ninguna irregularidad" y que "regula según dicta la ley".

No en vano, las diferencias entre los sindicatos y el Ayuntamiento son más que notables en torno al nuevo convenio de los trabajadores. Existen varios puntos que ponen en serio peligro que las relaciones entre ambos lleguen a buen puerto.

La posible externalización de los servicios, es el punto de desacuerdo más importante. Pero no el único. El gabinete Lazcoz pretende que la duración del acuerdo alcance el año 2011 y realizar un aumento del 0,3% en el tema económico, propuestas que los sindicatos difícilmente llegarán a aceptar.

ELA y CCOO, además, consideran que los puestos de trabajo más afectados serán los vinculado a la zona azul y a las labores de limpieza. Por ello, los representantes sindicales pretenden con el fin de que evitar las subcontrataciones que Lazcoz suscriba por escrito un compromiso de no subcontratar más funciones y que reivindique mayores exigencias en base a los pliegos de condiciones a los servicios externalizados ya existentes.