La Fiscalía europea investiga un fraude de 3 millones

El presunto delito se cometió en Rumanía y tiene vínculos con España, Portugal y Chipre

28.04.2022 | 23:55

Bruselas – La Fiscalía Europea (EPPO) informó ayer de una serie de registros efectuados en Rumanía en relación con un caso de un presunto fraude de fondos europeos de más de 3 millones de euros en ese país y con vínculos con España, Portugal y Chipre.

Los registros se llevaron a cabo en diez lugares en las regiones rumanas de Bucarest, Ilfov y Giurgiu a petición de la Fiscalía Europea y seis personas van a ser interrogadas e "informadas de las acusaciones" en su contra , indicó la EPPO, con sede en Luxemburgo, a través de un comunicado.

La EPPO sospecha que el beneficiario de un proyecto financiado con fondos europeos obtuvo ilegalmente un importe de 3.073.646,35 euros entre septiembre de 2018 y enero de 2020, tras el uso de documentos y declaraciones "falsas e inexactas". Después de obtener "injustamente" los fondos, el beneficiario los transfirió para ocultar presuntamente "su origen ilícito, y para ocultar el fraude".

El esquema de fraude tenía una "dimensión transfronteriza porque el beneficiario utilizaba, a través de intermediarios, empresas con sede en España, Portugal y Chipre", precisó la Fiscalía Europea.

Tras los registros, la EPPO trabaja para localizar el dinero e identificar los bienes y activos susceptibles de ser congelados para cubrir el fraude y los daños y perjuicio provocados en las arcas comunitarias.

En colaboración con la Fiscalía rumana, la EPPO está actualmente en proceso de identificar el dinero, los bienes y los activos que se congelarán por el valor de los daños. Los registros se llevan a cabo con el apoyo de los agentes de policía de la estructura de apoyo de los fiscales europeos delegados en la Dirección Nacional Anticorrupción, los agentes de policía de la Policía Municipal de Bucarest y los agentes de la Gendarmería rumana.

El fiscal europeo delegado en Rumanía también contó con el apoyo de sus homólogos en España, Portugal y Chipre, que llevaron a cabo medidas de investigación en sus jurisdicciones en el marco del mecanismo de cooperación previsto en estos casos.

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