La mitad de los hogares de alquiler en Euskadi son de renta protegida

La CAV deja el farolillo rojo y pasa de un 10% a un 13% de viviendas principales en régimen de alquiler, pero sigue lejos de Madrid (22%) o Catalunya (26%)

04.10.2020 | 00:55
Bloque de viviendas de VPO en alquiler en la localidad de Eibar.

donostia – Diez años atrás, en 2010, Euskadi era la comunidad del Estado donde menos porcentaje de su población residía en un piso de alquiler. Solo una de cada diez viviendas principales eran de alquiler, el 10,2%, pero actualmente la cifra ha aumentado hasta el 13,3%, de modo que Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria ya están por detrás en ese aspecto. Es solo un botón, un indicador para medir los esfuerzos realizados por el Gobierno Vasco en el impulso de la vivienda de alquiler.

Según el Instituto Nacional de Estadística, 120.300 viviendas principales en la CAV son en alquiler, lo que apunta a una tendencia creciente del peso relativo del régimen de alquiler. Lejos aún de comunidades como Baleares (27%), Catalunya (26%) o Madrid (22%). Mientras en el conjunto del Estado la media es del 18%. Y prácticamente la mitad de todas ellas son de alquiler protegido. En un mercado, el del alquiler, partido por la mitad, con rentas elevadas para muchas familias que quedan fuera de las políticas públicas y alquileres baratos y estables en el tiempo para los que sí entran dentro de la red de protección pública. Los esfuerzos por impulsar el alquiler en la última década en Euskadi han sido grandes por parte de las instituciones públicas. En 2019, el 24% del total de las calificaciones provisionales de vivienda protegida de alquiler a nivel estatal corresponden a Euskadi. Una de cada cuatro, según el informe del Observatorio de la Vivienda de Alquiler.

En el periodo 2014 y 2019 se ha iniciado la construcción de algo más de 7.000 viviendas protegidas de alquiler a nivel estatal (7.081 viviendas) y Euskadi encabeza el ranking con 2.340 en Euskadi en esos cinco años, frente a las 2.208 de Madrid, las 753 de Andalucía 474 de Catalunya y 226 de Navarra, por ejemplo. En los últimos años ha crecido también sustancialmente el peso de la promoción de vivienda de protección pública de alquiler. Con cifras de 2019, se puede decir que el 21% de la vivienda protegida promovida a nivel estatal era de alquiler, proporción que se eleva al 29% en el caso de la vivienda promovida en el País Vasco.

Pero las dificultades son las que son y las oportunidades también. El resultado, un mercado con vida propia, partidos en dos, aseguran los agentes de la propiedad individual. El mercado libre, por un lado, y el protegido por otro.

Según la última Estadística de Oferta Inmobiliaria, un alquiler nuevo, recién contratado, costaría de media hoy en Gipuzkoa, el territorio vasco más caro, 1.137 euros frente a los 1.045 de media en Euskadi. Una cifra que ponen en cuarentena los propios agentes inmobiliarios y el Gobierno Vasco, ya que estos datos no están desglosados por zonas y se corresponden a un limitado parque de aquellas agencias de la propiedad que colaboran en la Estadística de Oferta Inmobiliaria (OFIN). Lo que sí se sabe es que, según la Estadística del Mercado de la Vivienda del Gobierno Vasco, entre las 52.000 viviendas alquiladas con fianza desde 2015, la renta media es de 668 euros. Pero también se sabe que el mercado sigue elevando los precios año tras año, salvo excepciones.

"nivel de ingresos muy bajo" En el otro extremo, el alquiler protegido, que supone la mitad de todos los alquileres. La media de lo que se paga, según el Gobierno Vasco, es de 392 euros. El precio medio de renta varía en función de la tipología de alquiler: 493 euros al mes el alquiler de VPO y 260 euros la vivienda social.

Se estima que uno de cada dos hogares residentes de alquiler en Euskadi cuenta con un alquiler protegido, bien por residir en el parque de alquiler protegido de Alokabide o por contar con una ayuda económica pública para hacer frente al alquiler libre.

Y aquí nos topamos con otra realidad, según el propio observatorio de la vivienda de alquiler. Y es que los ingresos medios de la población demandante de vivienda protegida de alquiler se sitúa en 12.411 euros en Euskadi.

El propio observatorio dependiente del Gobierno Vasco concluye que "el nivel de ingresos de la población demandante de vivienda protegida de alquiler es muy bajo, lo que "pone a relucir nuevamente la dificultad de este segmento de la población para acceder a una vivienda media en el mercado libre". La demanda de vivienda protegida de alquiler de Euskadi debería destinar el 64,5% de sus ingresos al pago de un alquiler medio del mercado libre, porcentaje superior al 30% recomendado para el gasto de una familia en vivienda.

Un 58% de solicitudes individuales, la mayoría mujeres. En cuanto al tamaño de las unidades familiares solicitantes de vivienda protegida, los datos de 2019 revelan que 58% de los expedientes de solicitud de vivienda de alquiler corresponden a solicitudes individuales. Y los datos muestran que la mayoría son mujeres. Un total de 24.031 mujeres figuran como solicitantes de vivienda protegida de alquiler, representando el 43% del total, mientras que los hombres como titulares únicos son 19.090. En los restantes 12.347 solicitudes figuran tanto hombres como mujeres. 55.468 en total.

Ayudas económicas . En cuanto a las ayudas económicas al pago del alquiler, y comenzando por la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), ayuda vinculada a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cabe destacar que en 2019 se ha concedido la Prestación Complementaria de Vivienda a 32.832 personas diferentes: 5.292 en Araba, 19.388 en Bizkaia y 8.152 en Gipuzkoa. Por su parte, las Ayudas de Emergencia Social (AES) concedidas fueron 7.895 a través de las unidades de base del Sistema Público de Servicios Sociales destinadas al pago del alquiler, por un importe global de 9,8 millones.

55.468 solicitudes en el año 2019

alquiler protegido

La renta media de vivienda libre supera los 1.000 euros para un alquiler nuevo; la cifra se reduce a 392 en régimen protegido

Los demandantes de pisos protegidos, que cobran unos 13.000 euros al año, deberían destinar dos tercios de su renta en el mercado libre