La nueva ley de educación de Celaá sigue su trámite parlamentario tras rechazarse las enmiendas de la derecha

En el primer examen en el Parlamento de la Lomloe o ley Celaá, todos los partidos, excepto UPN, votaron en contra de devolver el texto al Gobierno, como pedían los tres partidos citados.

La votación fue: no, 62 votos presentes y 133 telemáticos; y sí, 52 votos presentes y 101 telemáticamente; cero abstenciones.

Celaá aseguró que los argumentos usados para enmendar la reforma "no responden al contenido" del proyecto de ley orgánica de Modificación de la LOE, pues sí se respeta la formación religiosa, la enseñanza del castellano o los centros concertados y los de Educación Especial.

"Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a la política de recortes", recalcó la ministra. Concretó varios objetivos de esta ley "necesaria", como reducir el abandono escolar temprano, cambiar el currículo, fortalecer la autonomía de los centros o mejorar la evaluación.

"Esta ley se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación" y con un esfuerzo inversor que "va más allá de coyunturas económicas o políticas", aseveró la ministra.

Precisamente, tramitar la Lomloe durante la coyuntura que se vive por la crisis del coronavirus fue echado en cara a la ministra por las portavoces de Educación del PP, Vox y Ciudadanos, Sandra Moneo, Georgina Trías y Marta Martín, respectivamente, quienes coincidieron en considerar que lo que importa a las familias es la vuelta al cole.

Moneo anunció que, cuando los 350 diputados puedan ir al Parlamento, el PP presentará una alternativa a la Lomloe y recalcó que esta reforma rompe el pacto constitucional en materia educativa y coarta libertades.

"Va a asestar un golpe mortal a la calidad el sistema educativo, del que difícilmente se va a recuperar", auguró, además de subrayar que modernizar la educación no es "regalar tabletas" a los alumnos.

Asimismo, criticó que el PSOE se levantara en su día de la Subcomisión del Pacto de Estado de Educación, promovida por el PP, argumentando que no se garantizaba un 5% de PIB en educación cuando los socialistas tampoco lo han fijado. Trías opinó que la ley Celaá adoctrina, da la espalda a la libertad y "hoy no toca", cuando los niños no han pisado los centros desde hace tres meses.

Se opuso a la "supuesta educación sexual, ideológica y sectaria" que quiere imponer el Ejecutivo, además de atacar derechos fundamentales, como la libertad de los padres a educar según sus convicciones y valores.

También criticó que se promueva el laicismo, se ataque al español o los centros concertados y la Educación Especial. Martín comentó que cuando "la mayoría de los mortales" se está preguntando cómo se volverá a los colegios, el Gobierno presenta una ley "con grandes sesgos ideológicos".

Pidió a la ministra que "congele" los plazos de las enmiendas parciales para llegar a acuerdos, para lo que Ciudadanos pidió que se reabra la Subcomisión para el pacto educativo.

También rechazó que deje en manos de los nacionalistas el porcentaje de horas de estudio en castellano o se cree inquietud en los centros de Educación Especial.

C's, al igual que el PP, rechazaron asimismo que la Lomloe no haya pasado por el Consejo de Estado, aunque no sea vinculante.

Por su lado, la portavoz del PSOE, Luz Martínez, recordó que la Lomce se "impuso" en 2013, "sin consenso ni apoyo parlamentario", y que la mayoría de partidos están reclamando "un cambio de ley". Pidió a la derecha que "progrese" y preguntó qué problemas hay en la educación afectivosexual o en igualdad de género.

Desde Unidas Podemos, Joan Mena defendió la Lomloe como "una oportunidad" y la forma de derogar la Lomce, aunque pidió que se "blinde" la educación pública. Coalición Canaria, Bildu, PNV, el grupo Republicano o el Plural expresaron su rechazo a las enmiendas, pero mostraron sus reticencias a la Lomloe.

Primer ciclo de infantil. Se pretende reforzar el carácter educativo con requisitos mínimos y una llevar a cabo una propuesta pedagógica.

Educación Primaria. Será de tres ciclos de dos cursos cada uno.

Las asignaturas. Se elimina la división que hacía la Lomce de las asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria.

Religión y Filosofía. Se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y la Filosofía se incorpora como obligatoria

Educación cívica y ética. Los valores cívicos y éticos se estudiarán en cursos de Primaria y Secundaria, con especial atención al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la infancia y a la igualdad de género.

Currículo. Los contenidos básicos del currículo serán diseñados por el Gobierno y se tendrán que cumplir en un 55 % de los horarios escolares.

Castellano y lenguas cooficiales. Las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.

Colegios concertados. Se

elimina la "demanda social"

para su oferta.

Bachillerato. Las administraciones educativas regularán las condiciones para un Bachillerato progresivo en tres cursos.

Repetición. Pasa a ser un recurso excepcional.

Prueba de acceso a la universidad. Se recupera la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o Selectividad.

Reválidas. Se eliminan y habrá evaluaciones de diagnóstico a final de etapa de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado.

Educación Especial. Se desarrollará un plan para que los centros cuenten con recursos para atender al alumnado con discapacidad.

Profesores. En el plazo de un año presentará la regulación de la formación, acceso y desarrollo de la carrera docente.

Formación Profesional. Se eliminan requisitos de edad y se permite el acceso desde enseñanza de régimen especial.

Consejos escolares. Tendrán mayor responsabilidad en la elección del director y en la gestión y evaluación de los centros.