- En la antesala de la sentencia de un juzgado de Ceuta que determinará si se reanudan las repatriaciones de jóvenes marroquíes a su país de origen, los partidos de la oposición en el Congreso han redoblado la presión sobre Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior ha estado en el ojo del huracán desde que el mismo juzgado suspendió cautelarmente las devoluciones, al ser recurridas por varias asociaciones. Una vez cumplido el plazo de esa suspensión, y cuando se espera el fallo de forma inminente, Ciudadanos pidió ayer la dimisión de Marlaska si la sentencia es en sentido negativo. Vox inició por su parte los trámites para que dé explicaciones en el Congreso y el PP criticó la política migratoria del Gobierno español.

El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró que “no puede ser que el Gobierno del Aquarius, el del Open Arms, de vamos a quitar las concertinas y de vamos a recurrir las devoluciones en caliente” esté ahora haciendo devoluciones de menores no acompañados y deje, “otra vez en manos de la justicia, la paralización de estas devoluciones”, censuró. Insistió en que “hay que ser serios, y la política exterior migratoria y de seguridad es algo que requiere de políticas de altura”. “El PP siempre las ha tenido, incluso desde la oposición, y vamos a colaborar”, ofreció, y concluyó reclamando “menos hipocresía y más realismo”.

El secretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Edmundo Bal, consideró por su parte “inaceptable” que el ministro del Interior justifique en un acuerdo bilateral con Marruecos la devolución de menores desde España al país magrebí y afirmó que deberá dimitir si la justicia se pronuncia en contra de esta actuación del Gobierno.

En una entrevista en RNE, el dirigente naranja aseguró que, si ese acuerdo “permite las devoluciones a lo bruto, sería inconstitucional”. “Es irrisorio que traten de convencernos de que es posible, mediante un convenio internacional, expulsar a personas sin darles derecho a audiencia”, zanjó.

De forma paralela, Vox ha registrado en el Congreso una petición de comparecencia del ministro para que informe sobre la operación para repatriar desde Ceuta a los menores que entraron en España de forma irregular, y ha pedido “el expediente administrativo completo” de esta iniciativa.

Fue el pasado mayo cuando más de diez mil ciudadanos marroquíes pasaron a Ceuta de forma irregular, entre ellos cientos de menores no acompañados. El 13 de agosto comenzó la repatriación de estos jóvenes, un proceso en el que el Gobierno ceutí ha admitido que tomó la iniciativa de pedir al Ministerio del Interior que activara el acuerdo suscrito en 2007 con Marruecos para proceder a estas devoluciones. Sin embargo, cuando tan solo se había trasladado a 45 menores, un juzgado paralizó el proceso tres días después, y tras pedir información a las partes ahora debe decidir si lo avala.

“No puede ser que deje en manos de la justicia la paralización de estas devoluciones”

Presidente del PP

“Si el acuerdo con Marruecos permite devoluciones a lo bruto, sería inconstitucional”

Secretario general de Ciudadanos