- El deshielo entre el Gobierno español y Catalunya no alcanza hasta el punto de que se rebajen las acusaciones contra varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido procesar por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista a los 13 miembros detenidos en 2019 que supuestamente preparaban sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales. Además, se los señala por haber tratado de ocupar el Parlament. Esta investigación considera que son un grupo radicalizado (ERT) que se ha formado en paralelo a los CDR. Lo llamativo en este caso es que la Fiscalía insiste en su acusación, si bien la propia Audiencia Nacional dijo, por ejemplo, que en la casa de Alexis Codina solo se encontraron materiales precursores, y no explosivos como tal. Codina fue puesto en libertad bajo fianza. Se aclaró que no se halló esa termita y se constató de manera objetiva la ausencia de explosivos. Hallaron precursores y documentos con información para elaborar explosivos.

Este caso ha suscitado discrepancias entre el juez instructor y la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, que tiene dudas sobre la naturaleza terrorista de los CDR, aunque no descartó que sus acciones fueran terroristas.

En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia, al que tuvo acceso Efe, el Ministerio Público reclama procesar a todos por terrorismo y suma los delitos de tenencia y de fabricación de explosivos para nueve de ellos. Según la Fiscalía, los CDR son grupos “compuestos por una pluralidad de personas que tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada”. Los 13 miembros de los CDR estaban agrupados bajo el autodenominado Equipo Táctico de Resistencia (ERT), que según esas investigaciones sería una especie de grupúsculo más radicalizado dentro de los propios CDR. Fueron detenidos en 2019 por supuestamente planear acciones violentas en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

Todos ellos, añade, “habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios”. La Fiscalía define al ERT como “una célula integrada por los investigados” que “evidencian una gran radicalidad” y que forman “un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza que se muestran totalmente entregados a la causa, habiéndoles sido encargada la realización de las acciones más sensibles”.

En su opinión, su objetivo final como organización era “conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión”, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder la separación del Estado español. Los miembros del ERT han tenido una “participación activa” en los cortes de carretera, vertido de aceite en la carretera para impedir los traslados de los presos del procés y levantamiento de las barreras de los peajes.

Además, por orden de un “CNI catalán” planeaban “ocupar el Parlament, y defenderlo posteriormente” estableciendo bases de “intendencia”, para permanecer en el interior del edificio al menos una semana, montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, con un presupuesto estimado en 6.000 euros. La Fiscalía destaca el papel de Eduardo Garzón Bravo, que “dentro de la organización terrorista ejercía un papel fundamental de dirección, coordinación, dinamización y planificación de las actividades del grupo”.

El escrito de la Fiscalía recoge que a uno de ellos, Germinal Tomás Abueso, se le encontró un vídeo autograbado en su móvil en el que se le observa realizando un circuito electrónico y explicando la utilidad del mismo, siendo esta la de explosionar un artefacto adosado al cuerpo de una persona de tal manera que, aunque la persona que lo porte fuera abatida, la detonación del explosivo se produciría, según informó Europa Press.

Se le atribuye la fabricación de termita junto a Jordi Ros y Alexis Codina en el domicilio de este último. Enmarcado en esas pruebas que hacían en el jardín de Codina, el investigado habría adquirido los conocimientos necesarios , y realizó la compra y la búsqueda de las sustancias o elementos necesarios para su fabricación realizando pruebas con dichas sustancias y otros artefactos.