PP y C’s desempolvan la polémica sobre las lenguas cooficiales

Tras admitir el Gobierno Sánchez que el Estado “no es competente en la política lingüística en las escuelas”

04.08.2021 | 00:51

Madrid – El PP y Ciudadanos cargaron ayer contra el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos por no garantizar la igualdad de los españoles hablen la lengua que hablen, como contraprestación, según su parecer, a los partidos de la investidura de los que depende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Populares y naranjas se hacían así eco de una respuesta por escrito del Ministerio de Educación al PP en la que afirma que la política lingüística en las escuelas "no es competencia del Estado, sino de las administraciones educativas". Añade que son los tribunales los que deben determinar que "el equilibrio entre castellano y lengua cooficial está siendo vulnerado".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, solicitó la comparecencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, para que dé explicaciones sobre esta cuestión. En un mensaje en Twitter, Gamarra afirmó que "el Gobierno de Sánchez sigue sin garantizar la igualdad de los españoles vivan donde vivan y hablen la lengua que hablen, amparando al separatismo del que depende". Por su parte, la líder de C's, Inés Arrimadas, calificó de "vergonzoso" que el presidente del Gobierno "apuntale" este atropello "tachando el español de la ley e inhibiéndose ante sus socios separatistas".

El ministerio entonces dirigido por Isabel Celaá envió la respuesta el pasado junio a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside la exministra del PP Dolors Montserrat. En el escrito, Educación explica que el Estado garantiza los derechos lingüísticos de la ciudadanía, pero su "intervención está regulada constitucionalmente, de forma que, si considera que este equilibrio entre castellano y lengua cooficial está siendo vulnerado, solo los tribunales de justicia son competentes para determinarlo".

Insiste en que si las administraciones educativas incumplieran la legislación básica en detrimento del castellano, la Alta Inspección educativa pondría en marcha los controles previstos, pero son los tribunales los que fijan si ha habido vulneración.

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