- El pulso entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas por sus diferencias a la hora de afrontar la desescalada frente al covid-19 ha dado un salto cualitativo con la vía judicial emprendida por la Comunidad de Madrid contra las restricciones que trata de imponer Moncloa. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se anotó ayer una primera victoria con la decisión de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las nuevas normas respecto al ocio nocturno, la hostelería y los eventos acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el pasado sábado en el BOE.
En su recurso, la Comunidad de Madrid solicitó medidas cautelarísimas y cautelares contra las restricciones, que en su opinión “causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable”. La Audiencia accedió a esa petición ante “el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes”. Asimismo, concedió un plazo a Moncloa para que presente alegaciones.
Esta ofensiva judicial no es patrimonio de Madrid, y de forma paralela, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que estudian presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra las medidas adoptadas por el Gobierno español. Por último, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (C’s), dijo que recurrirán a la Justicia si el Ministerio de Sanidad quiere “imponer” sus restricciones “no consensuadas”.
Así las cosas, el Ministerio de Sanidad afirmó ayer que tratará de buscar alternativas lo más consensuadas posibles con las comunidades autónomas si finalmente la justicia tumba las últimas restricciones. “Sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes”, afirmó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
