- La emergencia sanitaria del coronavirus ha traído con ella una maraña de líneas de ayudas de las instituciones para los sectores más afectados. En el caso de los fondos que activa el Estado, el PNV y la consejería de Hacienda de Pedro Azpiazu están poniendo la lupa para asegurarse de que tengan un destino adecuado a las necesidades de la comunidad autónoma. Al margen de las conversaciones para encauzar los fondos europeos, en las últimas horas se ha puesto sobre la mesa otra patata caliente: las ayudas directas a las empresas y autónomos para que puedan afrontar deudas contraídas desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020 y puedan pagar facturas con proveedores o saldar compromisos con los bancos. Estas ayudas todavía necesitan un ejercicio de concreción por parte del Estado, en la medida en que las primeras informaciones sobre el decreto con los sectores afectados han sido confusas y hubo actividades, como la peluquería, que en un primer momento parecía que no iban a poder acogerse a esta línea, y después se matizó que sí se contemplaban y salen en el decreto. Son 7.000 millones de euros, de los cuales 2.000 están reservados para las islas Canarias y Baleares y, según las estimaciones de la consejería, a la comunidad autonóma vasca podrían corresponderle entre 215 y 240 millones.

Desde la consejería de Pedro Azpiazu, en primer lugar, piden que se publique cuanto antes una orden que baje más al detalle sobre los sectores y sea firme. Lo primero que echan en falta es claridad. En este sentido, el PNV, a través de su portavoz en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, preguntará hoy al Ejecutivo español cómo han “valorado la incidencia en las diferentes actividades en cada comunidad autónoma” para definir las ayudas a la solvencia empresarial. Del listado se desprende que estas ayudas no están enfocadas para los grandes sectores, sino para actividades más humildes de venta de productos, y cometidos relacionados con el comercio o los autónomos. Las líneas de crédito del ICO han cubierto ya a los ámbitos más potentes.

Para recibir los fondos, es necesario haber registrado una caída del 30% de los ingresos en 2020, un requisito que cumplen, sobre todo, las agencias de viajes y los sectores relacionados con el turismo o la restauración y la cultura. De todas formas, es un listón bastante alto para algunos sectores, que piden reducir el porcentaje. Y no aparecen actividades que son buque insignia en Euskadi como la fabricación de productos metálicos o los automóviles. El Gobierno español, no obstante, ha dejado la puerta abierta a adaptar esta gestión a las singularidades locales. Todavía falta mucha concreción y hay “vaivenes”, tal y como reconocen las fuentes consultadas. La ministra tiene que comunicar la orden y firmar un convenio con cada comunidad.

La consejería de Azpiazu quiere que los registros de actividad incluyan actividades en las que Euskadi es potente, que la orden llegue cuanto antes, que se aclare, y que se adapte a la realidad vasca. Piden una orden ágil porque van a disponer de muy poco tiempo para implantar las ayudas. Hay que concederlas antes de diciembre porque, de lo contrario, se corta el grifo. El Ejecutivo vasco, a la espera de que se clarifique, ya está trabajando con las diputaciones forales, porque tendrán que cotejar las peticiones de las empresas con su situación financiera. El dinero lo repartirá el Estado siguiendo criterios de renta, desempleo y paro juvenil. La ministra Calviño dijo ayer en un encuentro del Círculo de Empresarios Vascos que “los criterios de asignación de los recursos claramente han respondido a indicadores objetivos”.

Por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vuelve a enfrentar a la presión de los alcaldes. Regidores de varios partidos le han pedido una reunión para avanzar en la aprobación de fondos extraordinarios de ayudas y para participar en el reparto de los fondos europeos. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha estado en contacto e informado en todo momento, y existe muy buena relación, pero desde hace tiempo ya trasladó a estos alcaldes su voluntad de canalizar estos asuntos a través del PNV y de Aitor Esteban en Madrid, según fuentes de la Alcaldía consultadas. Firmaron el comunicado los alcaldes de Cádiz (Adelante), Girona (JxCat), Lleida (ERC), Madrid (PP), Reus (PDeCAT), Santa Cruz de Tenerife (CC), Torrelavega (PRC), Iruñea (UPN), Valencia (Compromís) y Zaragoza (PP). Piden 19.000 millones.