- “Me alegro mucho por ella y por su familia. Toda la suerte del mundo. Que el reencuentro con los suyos, tan deseable para todos, le compense toda la injusticia sufrida”. Fue el mensaje que trasladó Carles Puigdemont a la exconsellera Meritxell Serret, a quien el magistrado Pablo Llarena dejó en libertad provisional después de regresar de su exilio en Bélgica, donde se encontraba desde octubre de 2017, y comparecer voluntariamente ante el Tribunal Supremo, adonde deberá regresar el próximo 8 de abril para prestar declaración en la causa del proceso soberanista, donde esta procesada por los delitos de malversación y desobediencia.

El juez dictó un auto por el que anuló la orden de busca y captura sobre la exresponsable de Agricultura, y la situación de rebeldía de la misma, y no le retiró ni el pasaporte ni le impuso la prohibición de salir del país, tan solo estará obligada a designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada y comparecer ante el Supremo cuantas veces fuere llamada, con apercibimiento de que cualquier incumplimiento de estas obligaciones conllevaría la modificación de su situación personal. La dirigente de ERC es una de los cinco miembros del Govern de Puigdemont que se decantó por exiliarse tras la declaración unilateral de la independencia junto al propio president y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig. No obstante, era la única de los cinco sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega porque la sentencia del procés despejó su horizonte procesal y la situó en una situación menos gravosa, hasta el punto de librarse previsiblemente de la prisión.

Ello responde a que Serret fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, al igual que los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, quienes, sin embargo, fueron condenados por desobediencia y no por malversación al no haberse acreditado que sus departamentos realizaran pagos concretos por la organización del 1-O, como sí pasa con la consellería de Serret. La pena prevista para el delito de desobediencia es de multa e inhabilitación para empleo o cargo público de hasta dos años. Por este motivo, el juez Llarena no cursó una euroorden contra ella, aunque mantuvo vigente la orden nacional de detención para tomarla declaración y continuar el procedimiento.

Tras comparecer ante la secretaría de la Sala Segunda, la exconsellera dijo estar “feliz y contenta” de “haber dado el paso” de regularizar su situación ante la Justicia, al considerar que es lo coherente con su condición de diputada electa por el Parlament para “defender el proyecto de república catalana y acabar con esta represión judicial al 1-O”. “Tengo ganas de hacer los últimos 604 kilómetros para ir a mi casa y estar con mi familia”, admitió. Desde ERC indicaron que Serret, que ocupaba hasta hace poco tiempo el cargo de delegada de la Generalitat en la UE, es consciente de que su retorno implica “riesgos”, aunque “la decisión estaba muy meditada” y está “abriendo camino para todos los compañeros” que se hallan en su misma situación porque, aunque su decisión es individual, “puede tener implicaciones políticas y colectivas” en procesos judiciales contra otros independentistas.

Entró por Euskadi. Meritxell Serret cruzó en la noche del miércoles la frontera por carretera por Euskadi para regresar al Estado español en un movimiento gestado en los últimos días y del que muy pocas personas tenían conocimiento, ni siquiera sus padres. La exconsellera hizo el viaje acompañada y se encontró con su nuevo abogado, Iñigo Iruin, una vez llegó a Madrid antes de comparecer voluntariamente ante el Tribunal Supremo.