- En el último Consejo de Ministros de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto antidesahucios y contra el corte de los suministros básicos a las familias vulnerables, entre otras medidas. Pero si algo llamó la atención fue la escenificación posterior, ya que mientras los ministros Carmen Calvo, María Jesús Montero y José Luis Ábalos comparecían en rueda de prensa para dar cuenta de los últimos acuerdos del año, el vicepresidente segundo y secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se atribuía tanto el tema de los desahucios como el de los suministros básicos a través de un vídeo colgado en las redes sociales. Este interés por marcar perfil propio, definido por muchos como un acto de contraprogramación en toda regla, define a las claras la doble vía de actuación que existe en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, las agendas propias que exhiben de forma asidua ambas formaciones.

Los líderes de los dos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se reunieron el pasado lunes en el Palacio de La Moncloa en un momento clave, más allá del cambio de año. Lo hicieron tras la tensión acumulada en la fase definitiva de la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2021, que derivó en una serie de diferencias entre los dos socios. También se produjo en la antesala de las elecciones catalanas del 14 de febrero, que provocarán una mini-crisis de Gobierno por la salida del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que concurrirá como cabeza de lista del PSC. Los dos mandatarios se encontraron para preparar el nuevo año político, según fuentes de Podemos citadas por Europa Press. Otras fuentes apuntaron que su intención era apuntalar el amplio Consejo de Ministros de cara al presente ejercicio.

Está por ver el alcance real que tendrán los inminentes cambios que se producirán en su seno, mientras dirigentes de Unidas Podemos como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclaman que Illa deje Moncloa cuanto antes para entrar de lleno en la precampaña de las catalanas y que la cartera de Sanidad no quede huérfana en pleno inicio de la campaña de vacunación del coronavirus. La previsión es que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ocupe el puesto de Illa, y que ella sea sustituida por el presidente del PSC, Miquel Iceta, tras haber dado un paso atrás en la carrera hacia la Generalitat. Otra cosa es que Sánchez se guarde un as en la manga dentro de su supuesta intención de maniobrar para recortar la influencia de Iglesias en el Gobierno, como contrapeso al acuerdo contra los desahucios que Podemos amarró en el seno del Ejecutivo.

El de los desahucios fue uno de los principales puntos de fricción en el Gobierno en el último tramo de 2020, y llegó a colarse en la negociación presupuestaria. Finalmente, el ejercicio se cerró con el acuerdo entre los dos socios para aprobar el decreto antidesahucios de cara a evitar lanzamientos durante la afección del covid-19, así como la prohibición de cortes de suministros básicos una vez se superaron las tensiones dentro de la coalición. La reciente reunión entre Sánchez e Iglesias trataría de apuntalar ese entendimiento, más aún porque hace semanas que no se encontraban, debido a la sucesión de festivos y a problemas de agenda de los ministros.

La situación de la monarquía también ha sido motivo de fricción, dada la apuesta explícita del partido de Iglesias por una ley de la Corona que sirva para controlar esta institución ante la vida desordenada que demostró tener Juan Carlos I mientras era monarca. Los de Pedro Sánchez han mostrado, en cambio, una posición ambigua respecto a esta ley y el propio presidente español dejó la puerta abierta a la misma durante su balance del primer año del Gobierno de coalición, pero sin llegar a exhibir un compromiso explícito.

La situación del salario mínimo interprofesional (SMI), que se mantiene congelado en el inicio del año, también ha generado discrepancias. Así, algunos ministros socialistas vinculan un eventual incremento al acuerdo entre agentes sociales, mientras que Unidas Podemos reclama que se suba, como mínimo, al nivel de las pensiones o la mejora de la retribución de los funcionarios públicos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió ayer en que su posición y la de Unidas Podemos se sitúa “con los débiles” y a favor de una subida de las ayudas.

La propuesta de aumentar de 25 a 35 años el cálculo para computar las pensiones del Ministerio de Seguridad Social ha motivado a su vez discrepancias, dado que Unidas Podemos se opone a este planteamiento. Díaz también manifestó ayer su “disconformidad” con un planteamiento que va a suponer un “recorte duro en materia de pensiones”. Sí hay sintonía en el Gobierno en la necesidad de delimitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mandato caducado, con una propuesta legislativa que se tramita en el Congreso, así como el hito que supuso la aprobación de los nuevos Presupuestos de 2021.