Varapalo judicial a los Franco: deben devolver el Pazo de Meirás

La jueza señala que la compraventa de 1941 fue una "simulación" y que es propiedad del Estado

03.09.2020 | 00:46
Vista general del Pazo de Meirás en el municipio coruñés de Sada. Foto: Efe

madrid – La memoria histórica ganó ayer una de sus grandes batallas con la capitulación del Pazo de Meirás, último gran símbolo de la dictadura de Franco, que pasa a ser propiedad pública al estar obligados a devolverlo los herederos del general, según la sentencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales. La magistrada estima la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, al considerar que este palacio de la ría de Betanzos fue entregado al dictador como jefe del Estado y no a título personal, como se había considerado hasta ahora, lo que había permitido que se mantuviese en manos de la familia desde 1975, cuando dejó de ser una residencia oficial de verano. El fallo no es firme y los Franco interpondrán recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

La jueza entiende que la compraventa de 24 de mayo de 1941, con la que Franco logró inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, fue una "simulación, lo que determina la nulidad de la misma", y en la sentencia descarta indemnizar a los Franco por los gastos que aseguraron asumir para el mantenimiento de la propiedad. Así lo ha dirimido tras rechazar la alegación de los Franco sobre el retraso en la presentación de la demanda, dado que la posibilidad de presentarla "nace de un importante estudio histórico y de un consenso social logrado tras muchos años". De esta manera, da la razón a la Abogacía, que sostuvo en el juicio que Franco no adquirió el Pazo de Meirás porque los posibles títulos de adquisición de 1938 y 1941 "son nulos, el primero por defecto de forma y el segundo por simulación absoluta", y que es la administración la que adquiere el bien para su uso continuado "para fin público".

La defensa contempló la nulidad de la escritura de 1938 pero no de la de 1941, porque "la voluntad de todas las personas que participaron" en aquel momento "era inequívoca" acerca de realizar una transmisión dominical del inmueble a Franco y de este de poseerlo, pues consideraba que "Meirás era suyo". La jueza declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado por carecer del requisito esencial de forma". En su argumentación, sostiene que el mismo año en que se efectúa la donación se constituye una Junta Pro Pazo "del Caudillo" para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional". "Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado", aclara la magistrada, que insiste en que la literalidad de los documentos sobre la compra del inmueble y su posterior donación "no arroja dudas" porque todos se refieren "al caudillo". En cuanto a la compraventa de 24 de mayo de 1941, por la que Franco inscribe la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad, declara la magistrada que fue una "simulación", lo que determina la nulidad de la misma. Por ello, no acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, que califica de "ficción" llevada a cabo "con el solo objeto de poner el bien a su nombre". "Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados", añade.

Por último, no cree que haya que restituir gastos porque la propiedad se incorporó al patrimonio de la familia Franco "de mala fe", que se materializa cuando el dictador acepta la donación y lo inscribe a su nombre sin mediar precio alguno. Y recuerda que el Estado asumió todos los gastos de este inmueble de uso estival que fue gestionado y administrado como residencia oficial del jefe de Estado "de forma idéntica al Palacio de El Pardo".

habrá recurso El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera, que recurrirá el dictamen, piensa que el Estado siempre ha considerado el Pazo como propiedad suya, "cuando todos los españoles o la mayor parte, o los que no están contaminados políticamente, saben que no ha sido así". La ministra portavoz, María Jesús Montero, celebró la decisión porque "nos parece de justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver al pueblo español".

"Nos parece de justicia porque es un patrimonio que pertenece al pueblo y tenía que volver a él"

maría jesús montero

Ministra portavoz del Gobierno español

"Todos los españoles no contaminados políticamente saben que no pertenece al Estado"

luis felipe utrera

Abogado de la familia Franco