La Junta Electoral opta por no retirar el escaño a Torra

Rechaza la demanda del PP, Vox y C's para expulsarle del Parlament tras el fallo de los lazos

26.12.2019 | 06:20
Quim Torra, a su salida de la reunión del Govern el pasado lunes.

barcelona - La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona desestimó el martes, con un voto particular, las peticiones de inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, presentadas por PP, C's y Vox.

El órgano electoral tomó esta decisión tras reunirse expresamente para abordar dichas solicitudes de las tres derechas, que llegan tras la condena a Torra por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) "en sentencia no firme" por desobediencia al no retirar la pancarta y el lazo amarillo de la Generalitat en período electoral. La decisión puede recurrirse ante la JEP antes de acabar el 27 de diciembre.

La Junta constata de esta forma que la condena a Torra no es firme. Argumenta que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) considera inelegibles a los condenados por sentencia no firme por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado; no por desobediencia.

También constata que los escritos de PP, C's y Vox a la Junta Electoral pedían el cese de Torra como diputado, lo que conllevaría su cese como president, porque todo jefe del Govern debe tener escaño del Parlament, según el Estatut.

La Junta recuerda que se le condenó como presidente, no como diputado; y cita también el Estatut para afirmar que la única causa de cese de un president de la Generalitat es "una pena de inhabilitación por sentencia judicial firme".

Paralelamente, afirma que la Junta Electoral Central (JEC) nunca ha cesado a un diputado que además presida una autonomía, sino que los precedentes de cese son por sentencias no firmes de alcaldes condenados por delitos contra la Administración pública vinculados a la corrupción, con prisión además de inhabilitación.

La JEC concluye que, a diferencia de estos casos, Torra ha sido condenado por desobediencia a 10 meses de multa y a un año y medio de inhabilitación, "lo que constituye penalmente la condena por un delito de carácter menos grave".

archivan una causa del 1-o Por otra parte, una magistrada de un juzgado de Barcelona ha decidido archivar la causa que se abrió a un alto cargo de la Generalitat por la compra de urnas para la consulta del 1-O. Así, se retiran los cargos que pesaban sobre Francesc Esteve, ex número dos de Gobernación del Ejecutivo catalán, en relación con los preparativos del referéndum.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona acuerda archivar provisionalmente la causa contra Esteve, que actualmente dirige el Gabinete Jurídico de la Generalitat, precisamente a instancias de la Fiscalía. Este alto cargo fue investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a raíz de la querella que el fiscal presentó contra él y contra la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, en junio de 2017, por convocar un concurso para la licitación de urnas que el Govern declaró desierto posteriormente, aduciendo motivos técnicos.

La Fiscalía consideraba entonces que esa licitación pretendía suministrar urnas para el referéndum de independencia, que el Govern había anunciado ya que iba convocar unilateralmente. Tras más de dos años de investigaciones, la juez concluye que de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado que la compra de urnas que se publicó en el acuerdo marco de licitación estuviera vinculada al referéndum del 1-O, como alegó el propio imputado, que en su declaración aseguró que eran para las próximas citas electorales.

El auto recuerda que el acuerdo marco se convocó para licitar empresas que podrían suministrar urnas para distintas convocatorias electorales, pero que el concurso quedó desierto por motivos técnicos, sin que se aprobara "gasto alguno presupuestado" para ello ni ninguna contratación derivada. Asimismo, la juez razona que el expediente para la compra de urnas fue puesto en conocimiento del propio Tribunal Constitucional, que concluyó que solo sería inconstitucional en caso de que el concurso fuera destinado a suministrar urnas para el referéndum, no para elecciones, consultas populares no refrendarias y procesos de participación ciudadana.

Vox, que ejerce acusación popular en la causa contra Esteve, ha recurrido el archivo de la causa ante la Audiencia de Barcelona argumentando que, cuando aprobó el acuerdo marco, Esteve actuó "al margen de la Constitución y el ordenamiento jurídico, por encima de los intereses generales, con desprecio al imperio de la ley de manera arbitraria". - DNA