MADRID. El excomisario José Manuel Villarejo exigió a voces que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se personara en la prisión de Estremera (Madrid), mostrando así su queja porque los funcionarios lo estaban cacheando tras una comunicación familiar siguiendo el reglamento penitenciario. Visiblemente nervioso, la emprendió a golpes contra la pared de la sala donde se encontraba.

"¡Esto es humillante, que venga Marlaska!", reclamó a gritos a los funcionarios, llegándose a golpear con la cabeza en la pared, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. Los trabajadores, viendo a Villarejo fuera de sí, procedieron a explicarle que cumplían con el protocolo para comprobar que los internos no intercambian con sus visitas material prohibido por el reglamento, como pueden ser teléfonos móviles, dispositivos de grabación o dinero.

El incidente ocurrió a principios de este mes de diciembre, cuando ya se había cumplido un año de su ingreso en prisión preventiva en el marco del caso 'Tándem'. El nerviosismo del comisario, que se encuentra en un módulo especial para policías, llegó a tal punto que los funcionarios de Estremera dieron traslado a sus superiores, ante el temor de que Villarejo se pudiera autolesionar, ya que en un momento determinado comenzó a darse cabezazos contra la pared.

Desde que explotó la operación de la Fiscalía Anticorrupción y Asuntos Internos de la Policía se han difundido una serie de audios atribuidos a Villarejo y que afectan a políticos, empresarios y altas personalidades del Estado como el Rey Juan Carlos. La dirección de Estremera ha decidido intervenir sus comunicaciones con el exterior ante el riesgo que haga un uso fraudulento de las mismas y el interno filtre datos que pongan en riesgo la seguridad del Estado.

DENUNCIA Y PETICIÓN DE LIBERTAD

Tras el incidente del cacheo en la comunicación familiar, Villarejo presentó una instancia de disculpa ante el director de la prisión en la que, según las citadas fuentes, mostró su arrepentimiento. También insistió en su tesis de que él no ha filtrado nada, aludiendo a que esto último lo sabe el CNI. No obstante, días después matizó esta disculpa, hasta el punto de que deslizó que se había visto obligado a retractarse.

Esta semana el comisario jubilado ha denunciado ante la Audiencia Nacional que en la prisión de Estremera (Madrid) está sufriendo torturas y trato degradante. Es más, dijo que se siente "cosificado" y afirmó que está preocupado por su vida, en una situación que ve comparable a la del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi.

En ese escrito de denuncia Villarejo menciona el 'vis a vis' que tuvo a principios de este mes de diciembre. El excomisario afirma que uno de los funcionarios le susurró "en tono amenazante y agresivo" que, a partir de ahora, lo iba "a pasar muy mal", que "si no cooperaba" le pondrían de compañero de celda a un preso conflictivo y que a su "amigo el juez le quedaban dos telediarios", en referencia al juez instructor Diego de Egea, que ha renunciado a seguir al frente de la causa en la Audiencia Nacional.

También se ha sabido que el 18 de diciembre el abogado Javier Iglesias, que representa a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, pidió a la Fiscalía Anticorrupción que informara favorablemente sobre su petición de libertad provisional, a cambio de no difundir información comprometedora que atesora tras años grabando reuniones y conversaciones con todo tipo de personalidades del Estado. En el Ministerio Público descartan de plano estas pretensiones.

Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017 sospechoso, entre otros delitos, de liderar una organización criminal, blanquear capitales y acometer cohecho y extorsión valiéndose de su condición de policía en el marco del caso 'Tándem'. Su mujer, así como varios de sus socios y clientes, están siendo investigados pero solo él sigue en la cárcel.

El nombre del excomisario se ha vinculado con la 'operación Kitchen', que investiga también la Audiencia Nacional, por la captación como confidente del chófer de Luis Bárcenas para intervenir entre 2013 y 2014 documentos sensibles del PP. Con tal fin se aprobó presuntamente el uso de fondos reservados por parte del Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz.