GASTEIZ - Los juristas que redactarán el articulado del nuevo estatus de autogobierno recibieron ayer el mandato claro de tomar como eje las bases pactadas por el PNV y EH Bildu, pero también tendrán que buscar puntos de conexión con los votos discrepantes del PSE, Elkarrekin Podemos y PP para ampliar el consenso alcanzado. Las bases, por lo tanto, serán el documento preeminente, pero no están completamente cerradas, en sintonía con la aclaración que realizaba recientemente el presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, cuando dijo que lo pactado con la izquierda abertzale no es un dogma de fe. Este planteamiento, que podría haber logrado la cuadratura del círculo, no consiguió atraer a los socialistas, que volvieron a desmarcarse con una abstención en la reunión de la Ponencia de Autogobierno donde se fijaron los términos de la encomienda. Su decisión no sentó nada bien al PNV y causó sorpresa en otras bancadas, que esperaban un voto a favor. Este desmarque, en cualquier caso, no es dramático, porque el articulado que pacten los juristas volverá al Parlamento Vasco para abrir una segunda negociación vía enmiendas. No obstante, los jeltzales comienzan a impacientarse con la posición de los socialistas y presionan para que este debate no encalle y se planteen cesiones.

Por un lado, el encargo otorga un carácter preeminente muy claro a las bases pactadas por las dos fuerzas mayoritarias y se pide que las aportaciones que se incorporen respeten su contenido, un dato que provocó “plena satisfacción” a EH Bildu, según fuentes de la coalición abertzale, porque, a su juicio, queda garantizado que no se va a descafeinar nada de lo pactado con el PNV. La resolución incluye una mención a la “salvaguarda” de las bases, que fue sugerida por esta bancada. A ese dato se agarró el socialismo para desmarcarse. Además, no se aceptó la petición del PSE, que planteaba que los expertos aclarasen si las propuestas son constitucionales. El PP también pidió un estudio legal. Cualquiera de esas dos propuestas hubiera puesto una cortapisa al debate.

A pesar de la preeminencia de las bases del PNV y EH Bildu, al mismo tiempo se alude de manera expresa a “ampliar” el consenso. Por lo tanto, el voto discrepante del PSE no se va a entregar a los juristas como mero trámite, sino con la intención de que lo valoren y se produzca un esfuerzo. Además, en el encargo se evita blindar de manera expresa ningún término. Por ejemplo, el empeño por excelencia de la izquierda abertzale es que no se desvirtúe el derecho a decidir, pero en la resolución no aparecen conceptos concretos. Aun así, los socialistas no se sumaron. Fuentes del PSE justifican su posición en las “salvaguardas” sobre las bases porque entienden que el PNV se reafirma en su contenido, y recuerdan que no van a compartir el principio de la nacionalidad vasca porque creen que es excluyente, y no ven posible blindar las competencias sin una reforma constitucional previa. El desmarque tiene una importancia relativa porque no es irreversible: los juristas tendrán ocho meses para redactar el articulado y volverá al Parlamento.

discrepancias La encomienda se aprobó con los votos del PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. El PSE se abstuvo, y el PP votó en contra. La posición socialista sorprendió al PNV. Fuentes jeltzales pidieron al PSE que comience a “mover ficha y a implicarse”. El PNV se ha movido dentro de los márgenes que veía en este momento, porque tampoco puede retractarse totalmente del acuerdo con EH Bildu, a la que quiere premiar por su ejercicio de pragmatismo; y además no ve un guiño negociador en el PSE que le merezca otro planteamiento. Apuesta por ampliar el acuerdo, pero quiere que el PSE ceda también.

Fuentes socialistas, por el contrario, negaron que existiera un acuerdo cerrado. Se abstuvieron porque creen que se establecen condicionantes para incorporar propuestas. Argumentan que en la resolución se insiste en que las aportaciones de los otros partidos se incorporarán con la “salvaguarda” de las bases consensuadas, y en “congruencia” con lo pactado por PNV y EH Bildu. Además, ven una segunda reserva, porque los consensos que identificaran los juristas deberían ser sometidos otra vez a la consideración de la ponencia. El PSE pidió que los juristas aclarasen si es necesario abordar una reforma de la Constitución para plasmar las propuestas jeltzales sobre el blindaje de las competencias y la relación de igual a igual con el Estado.

La encomienda se compone de seis artículos. En una breve introducción, se alude al acuerdo plenario del 26 de enero de 2017, una mención que pidió el PSE para recordar el mandato de cumplir el ordenamiento jurídico. A partir de ahí, se encarga a los juristas que redacten la propuesta de articulado “en congruencia y de conformidad con las bases y principios aprobados por la ponencia”. “Desde el respeto y la salvaguarda de las bases consensuadas, se contemplará y procurará la posibilidad de hallar puntos de conexión de esas con los votos particulares presentados en la búsqueda de ampliar, si fuera posible, los consensos ya alcanzados. Dichos consensos serán identificados a efectos de su consideración por parte de la ponencia”, se añade. Más allá de pedir congruencia con las bases, no hay límites en conceptos concretos.

La clave sobre el discurrir del debate la tiene, más que el texto de la resolución, el contexto. Existe una voluntad política clara del PNV para ampliar el consenso. Es consciente de que necesita más socios para superar con éxito una futura tramitación en el Congreso de los Diputados. A modo de guiño, el PNV designó como experto a su diputado Mikel Legarda, con un perfil político que alimenta la expectativa de una negociación. Además, es una persona de la máxima confianza de Ortuzar. Sin embargo, avisa de que el PSE tiene que ceder.

La coordinadora de la ponencia, la jeltzale Jone Berriozabal, aclaró que los juristas tendrán como base los acuerdos logrados, pero “dejando a su vez la puerta abierta a que los juristas encuentren nuevos acercamientos”. “Identificados esos consensos, serán los grupos los que determinen si son o no viables”, añadió. Desde EH Bildu, Maddalen Iriarte aplaudió que se tome como base el pacto con el PNV y defendió que los votos particulares “no pueden ser utilizados para desfigurar” lo acordado. En Elkarrekin Podemos, Lander Martínez pidió avanzar y volvió a centrarse en la igualdad entre mujeres y hombres.