barcelona - Los gobiernos español y catalán evitaron ayer hacer casus belli sobre la polémica de los lazos amarillos para no inflamar con este asunto las relaciones políticas e institucionales entre Moncloa y el Palau. La Generalitat y el Ejecutivo español acordaron garantizar la neutralidad en las calles de Catalunya en lo relativo a la colocación de símbolos. Las partes no concretaron, sin embargo, cómo se asegura esa neutralidad ni cómo deberán actuar los Mossos d’Esquadra para garantizarlo.

El acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad de Catalunya permite momentáneamente apaciguar los ánimos encendidos en las últimas semanas tras algún enfrentamiento aislado entre partidarios y detractores del lazo amarillo que simboliza la reclamación de libertad para los presos encarcelados por su participación en el procés independentista y el referéndum del 1 de octubre del año pasado.

Tras una reunión de dos horas en la que también estuvo el president de la Generalitat, Quim Torra, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el conseller catalán Miquel Buch expresaron su “compromiso de garantizar un espacio público neutral”, en palabras del ministro.

Se trata de una paz cosmética que pretende no echar más leña al fuego en las relaciones entre ambos gobiernos en un escenario caliente con la celebración de la Diada y del primer aniversario del referéndum del 1-O.

Las partes ni siquiera compartieron el diagnóstico de la situación. Mientras que el ministro justificó la necesidad de reconducir la situación aduciendo que “las calles no pueden ser monopolizadas por nadie”, el conseller Buch no ve “un problema de convivencia” en Catalunya y recriminó que la polémica sobre la simbología es inexistente y ha sido avivada “por un partido político”, en referencia a Ciudadanos, que la semana pasada organizó un acto en el centro de Barcelona para retirar de la calle lazos amarillos. En la protesta participó el líder de la formación Albert Rivera y la también dirigente Inés Arrimadas. Con todo, Buch se comprometió a que los Mossos actuarán “para evitar la confrontación”, lo que no deja de ser una evidencia ya que la Policía catalana es la que tiene competencia en materia de orden público y pidió no caer “en provocaciones”. Según señaló, los Mossos deberán intervenir cuando “alguien busca algo más que un debate” en el espacio público.

El acuerdo no delimita lo que es espacio público, ni tampoco si afecta solo a los lazos amarillos o a otro tipo de emblemas. Además, no aborda la cuestión jurídica del ejercicio de libertad de expresión que se esconde tras la colocación de símbolos en la calle. Tampoco concreta las pautas de actuación de los Mossos: cuándo y en qué circunstancias deben retirarlas, cómo deben proceder, si afecta también a los emblemas colocados en ayuntamientos e instituciones o si han de actuar contra personas que porten el emblema.

Marlaska pasó de puntillas sobre este aspecto. Preguntado sobre cómo garantizar esta neutralidad en las calles, el ministro se limitó a pasar el balón al tejado de los Mossos. “No estamos para generar problemas sino para arreglar problemas, tenemos el deber de que los espacios sean para el encuentro y no monopolizados por nadie”, subrayó.

La imagen de Marlaska y Torra posando para los fotógrafos tras la reunión con el president luciendo en su solapa un lazo amarillo resulta, además de paradójico, revelador de la complejidad de la cuestión.

antidisturbios en la diada Gobierno y Generalitat tampoco quisieron entrar en el cuerpo a cuerpo sobre el envío de 600 antidisturbios de la Policía española para reforzar la seguridad con vistas a la Diada y a los actos de recuerdo al 1-O. Más allá de las formas, las diferencias de concepto son palmarias. Grande-Marlaska aseguró que no es “extraordinario” el envío de un contingente especial de policías de refuerzo en estas fechas y los ofreció para colaborar con los Mossos, si bien el conseller Buch replicó que no los necesitan.

Tras resaltar que los Mossos d’Esquadra tienen competencias en Catalunya en materia de orden público y que afrontarán sus funciones de seguridad “con excelencia máxima”, agradeció la oferta y subrayó que la Policía catalana “superará cualquier prueba, como cada año”.