madrid - La intervención del ministro Fernando Grande-Marlaska en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados sirvió ayer para ratificar que existe una voluntad política, clara y expresa, para abordar el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas una vez disuelta la organización, pero no concretó los casos ni los plazos y generó cierta confusión sobre la exigencia de condiciones a los reclusos. El Gobierno de Sánchez se ha fijado como criterio que, una vez disuelta ETA, la política de alejamiento ha perdido su vigencia y debe revisarse. Sin embargo, a pesar de ese planteamiento general, Marlaska aclaró que no habrá de manera automática acercamientos masivos a cárceles vascas y se estudiará caso por caso. Será un tratamiento individualizado. El enredo comenzó cuando puso en valor el reciente traslado de dos presos críticos que están en tercer grado, lo que dio pie a interpretar que el acercamiento se producirá cuando haya una evolución en el recluso y que, por lo tanto, será un movimiento condicionado.

Marlaska se mostró voluntarioso, pero no logró hacerse entender y su intervención fue confusa. Recibió el reproche del PNV y EH Bildu por tratar el acercamiento como un beneficio sujeto a condiciones, y no como derecho. El ministro admitió en su turno final que se había explicado “fatal”, y aclaró que el traslado “no es un beneficio”, pero volvió a mencionar el análisis individual, y la legalidad. No quedó claro si se refería solo a un traslado escalonado en el tiempo, o bien con condiciones. La intervención de Marlaska llegó después de que el presidente Sánchez abriera la puerta a los acercamientos tras la disolución de ETA. Se habló de acercar con carácter prioritario a los que padezcan enfermedades graves y a los mayores de 70 años, unos movimientos que estaban previstos para este verano. Marlaska no mencionó ayer esos criterios. Comenzó su intervención aclarando que cualquier actuación “estará enmarcada en el estricto cumplimiento de la legalidad”, y se ciñó a explicar los dos primeros movimientos de su gobierno, que premian a dos reclusos que han realizado un ejercicio de autocrítica, Olga Sanz y Xabier Moreno. Dio la sensación de que marcaba el camino a los presos.

No fueron acercamientos en sentido estricto, sino traslados de dos reclusos que ya estaban en tercer grado. Marlaska citó de manera expresa los contenidos del artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para acceder a ese tercer grado o régimen de semilibertad: pago de la responsabilidad civil, abandono de los medios y fines terroristas, colaboración con la justicia y petición expresa de perdón. “Aquellos internos que han cumplido las exigencias han podido ser progresados de grado y trasladados a centros que incluso están en la comunidad autónoma”, dijo en alusión a esos dos reclusos, trasladados desde Asturias a Basauri. Esas palabras provocaron la confusión.

A renglón seguido, quizás consciente de ello, matizó: “Los traslados no son beneficios penitenciarios”. Recordó que el alejamiento de presos fue una herramienta empleada por los gobiernos mientras ETA estaba activa, y dijo que ya ha perdido vigencia. No obstante, volvió a aludir al estudio individual, “como el PP”, que pidió información en febrero sobre progresiones de grado y trabajos en prisión. El PNV no quiso apretar más y lo dejó estar. Legarda renunció a su último turno de palabra porque habrá ocasión de retomar el debate, y tampoco el Gobierno Vasco quiso hacer valoraciones. Confían en la voluntad del socialismo.

críticas al pp Buena parte de su intervención la dedicó a defenderse del PP y recordar que el propio Rajoy comenzó a realizar trámites para revisar la situación. Mencionó que a Sanz se le concedió el tercer grado en febrero, durante el mandato de Rajoy; y Moreno lo pidió en abril. “En 2016, fueron trasladados desde Madrid a Villabona. Nadie dijo nada”, lanzó. El ministro exigió “responsabilidad, coherencia y lealtad”, y dejó un recado al PP: “Flaco favor hacen a España inyectando odio”. Después retó a los populares a que respondan si está habiendo acercamientos masivos. “Claro que habrá traslados, pero con criterio legal y tratamiento individual”, se respondió. Reveló que hay 233 presos en cárceles estatales, de los cuales solo 28 están en segundo grado, y los dos citados están en semilibertad.

El PP dejó en manos de Mari Mar Blanco, hermana del edil asesinado por ETA, la réplica a Marlaska. Lo acusó de pagar a los nacionalistas vascos su apoyo en la moción de censura, y pronunció una de las frases más impactantes, cuando reconoció que el acercamiento es legal, pero al mismo tiempo opinó que no es obligatorio. Poco pudo argumentar en contra de los dos movimientos con presos críticos, así que se centró en ver una contradicción entre Marlaska y el acercamiento generalizado que propondría Sánchez. C’s, por su parte, exigió mantener el alejamiento.

El portavoz jeltzale en la comisión, Mikel Legarda, y su homóloga en EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, coincidieron en que el ministro había tratado el acercamiento como un beneficio, cuando es un derecho. “La reinserción no es un criterio para la reubicación en los centros más cercanos”, defendió Legarda.