Managua - El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, criticó ayer la “criminalización” del derecho a protestar en Nicaragua, un día después de que el presidente Daniel Ortega insistió en llamar “terroristas” a quienes se manifiesten en su contra. “No es posible criminalizar al pueblo por ejercer su derecho de protesta y tratarlo como terrorista”, dijo Báez, uno de los obispos más críticos del Gobierno de Ortega.
Diferentes organismos humanitarios nacionales e internacionales han responsabilizado a Ortega por la cantidad de personas asesinadas desde abril pasado, en su mayoría manifestantes que protestan contra su Gobierno, que va de 295 a 448 víctimas, según la fuente.
Ortega afirmó ayer que los encapuchados con armas que actúan en el marco de las protestas contra su Gobierno “son policías voluntarios”, y que la cifra de muertos durante la crisis que estalló en abril asciende a 195, según dijo en una entrevista difundida por Euronews. “La paz social no se impone a fuerza de balas, de intimidación, encarcelamientos y procesos judiciales injustos”, señaló el obispo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
La CIDH ha advertido que una “tercera fase” de represión consiste en la “criminalización de los manifestantes”, y la ha denominado como “más ruda, más explícita y burocrática”, porque utiliza la justicia contra las personas. El mandatario ha sostenido que todo se debe a un “golpe de Estado”, y ha señalado de forma directa al clero nicaragüense de ser “parte del plan golpista”, detrás del cual estaría Estados Unidos, según Ortega.
Paralización de ONG Entre las consecuencias de la escalada de violencia en Nicaragua se encuentra la paralización de los proyectos de ONG españolas. Así lo asegura el presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España, Andrés Amayuelas, que señala que la decisión de interrumpir su labor “no es voluntaria, sino que obedece a una cuestión de seguridad”. Si bien señala que no se ha registrado “ningún incidente grave” contra el personal español que trabaja en Nicaragua, si apunta que la Embajada española en aquel país ha pedido a las ONG un “perfil bajo”.
“Muchas organizaciones han pedido a sus cooperantes que regresen a España, en la medida de lo posible”, apunta Amayuelas, que alerta de que, según pasan los días, “la situación es más peligrosa”. “La gente tiene miedo de salir a la calle, que la secuestren o den un balazo”, subraya el presidente de la Coordinadora sobre los voluntarios y personal español en Nicaragua, uno de los países que históricamente cuenta con mayor presencia de ONGD españolas. - Efe
