vitoria - El anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en torno a su intención de abordar una nueva política penitenciaria ha generado diferentes reacciones entre las víctimas de ETA y de otras violencias, y entre las asociaciones, pero en todos los casos sondeados hay punto en común, las palabras de Sánchez no modifican las opiniones que ya tenían al respecto.
Ese es el caso de Iñaki García Arrizabalaga, a cuyo padre asesinaron los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1980. “Yo tengo la misma opinión que he tenido siempre -afirma-: la dispersión de presos no tiene ningún fundamento ni jurídico ni político ni humanitario, solo supone un castigo para las familias de esos presos, que no han cometido ningún delito, y precisamente no contribuye a la reinserción, que es el fin último del sistema penitenciario”.
Tampoco varía su postura José Vargas, víctima de Hipercor y presidente de la asociación de víctimas catalanas del terrorismo, ACVOT. “Ya lo he dicho en otras ocasiones, que haya acercamiento o no de los presos etarras me es indiferente mientras cumplan las condenas que se les han impuesto. Mientras cumplan las condenas íntegras, me es exactamente igual que estén en el Puerto de Santa María, que en Almería, en Zaragoza o en Vitoria”. Eso sí, Vargas cree que esos acercamientos no deben producirse porque “las familias, como suelen decir, no sufran los viajes para ver a sus seres queridos, porque es más triste hacer viajes para llevarles flores al cementerio”.
Tampoco Gorka Landaburu, periodista y víctima de un atentado en 2001 que le produjo graves heridas, ha variado su opinión con respecto a la dispersión. Landaburu recuerda que “el alejamiento castiga a las familias, y un barrote de una celda en Sevilla es el mismo barrote que el de una celda en Vitoria” y, desde el “respeto” a la opinión de otras víctimas, cree que “ya es hora, porque tras seis años desde que ETA dijo adiós a las armas, no se ha acercado a ningún preso”. Landaburu augura “reticencias; habrá víctimas o asociaciones que se opongan, pero también hay otras muchas que sí están de acuerdo en acercar a los presos”.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal donostiarra asesinado en 1995 Gregorio Ordóñez, es partidaria de que se produzca un acercamiento de presos si se adopta para ello un modelo similar al de la vía Nanclares que paralizó el Gobierno de Mariano Rajoy y que exigía tres requisitos para el traslado de cárcel. “Arrepentimiento, petición de perdón y asunción de responsabilidades civiles”, enumera Ordóñez. “Decimos lo mismo que siempre hemos repetido, aunque no nos hayan querido oír durante estos años”, afirma. Ordóñez dice coincidir con los planteamientos de Pedro Sánchez y solo reclama uno de los requisitos de la vía Nanclares para que se materialicen los acercamientos, “el rechazo a la violencia terrorista”. “No tienen que arrepentirse ni que pedir perdón de forma individual. Sánchez hablaba de medidas individualizadas y eso es lo que queremos, no necesitamos su perdón”.
Josu Puelles, hermano de Eduardo, policía asesinado por ETA en 2009, recela del anuncio de Sánchez. “Si el cambio en la política penitenciaria viene vinculado a los compromisos que ha adquirido Sánchez para ser presidente, tanto con el partido de ETA, con Bildu, como con los nacionalistas vascos del PNV, no va a responder a lo que la ley tiene tasado”, dice. Así, Puelles considera que el anuncio de Sánchez “no es más que una deuda que tiene que saldar con aquellos que le han hecho presidente”.
Al padre de Ane Muguruza, el diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza, lo asesinó la extrema derecha en Madrid en 1989. Ane asegura que, cuando oyó el anuncio de Sánchez, se emocionó, aunque aboga por la cautela hasta que las palabras se conviertan en hechos. El anuncio del presidente “es lo más positivo que he oído en años, aunque esté quien esté en el Gobierno se vende bastante humo, así que tampoco vamos a celebrar algo que todavía no ha sucedido ni sabemos cómo se va a dar”. En todo caso, Muguruza está “esperanzada y con ilusión”.
Mari Carmen Hernández perdió a su marido, Jesús María Pedrosa, en 2000, asesinado por ETA en Durango. Desde siempre, recuerda, se ha posicionado contra la dispersión. “Este tema se debería haber abordado antes porque las familias no tienen por qué sufrir la distancia para visitar a sus familiares; esto yo lo he defendido siempre, no ahora precisamente”, subraya. A partir de que se produzcan esos acercamientos, si finalmente se materializan, “iremos viendo”, señala.
314
El año pasado había en las cárceles españolas 314 presos de ETA, mientras que en Francia eran 68. Solo seis de ellos cumplían sus penas en cárceles de la CAV, Navarra o Iparralde. Hace diez, la cifra de presos en España y Francia ascendía casi a 800.
