El rector acorrala a Cifuentes: no hay rastro del máster

Al menos, así lo defendió ayer el rector, Javier Ramos, quien aseguró que no hay forma de confirmar que la lectura final haya tenido lugar. Cifuentes acabó en un callejón sin salida y sin coartada, con extremas dificultades para demostrar que obtuvo el máster porque ella tampoco logra encontrar en su vivienda su investigación. En la universidad no existe una copia del trabajo porque, según otras voces, solo se conservan durante dos años antes de ser destruidos, y la supuesta evaluación final se produjo el 2 de julio de 2012. La soledad política de la presidenta madrileña es casi absoluta. PSOE y Podemos van a impulsar una moción de censura, y sus socios de Ciudadanos deslizan ya en voz alta la opción de que, al menos, dimita y la sustituya otro cargo del PP.

Las declaraciones del rector se produjeron ayer en una jornada de sainete dentro de la propia universidad, un centro público que enseña a más de 40.000 alumnos y que se juega su prestigio con esta polémica. La jornada arrancó con las declaraciones incendiarias del director del máster. Enrique Álvarez Conde apuntó al rector y aseguró que, bajo sus presiones, “reconstruyó” el acta de defensa del título para respaldar la versión de Cifuentes. En ese documento aparece la firma falsificada de la presidenta del supuesto tribunal, Alicia López de los Mozos, que ya ha aclarado que no participó en ese examen. El rector anunció acciones legales contra Álvarez Conde, quien matizó después sus afirmaciones.

Para completar el enredo, Álvarez Conde, el único profesor que ha asegurado de manera taxativa que el trabajo de Cifuentes existe, que versaba sobre la seguridad pública y tenía unas 50 páginas de extensión, lo estuvo corrigiendo durante semanas antes del momento clave, pero se ausentó el día de la presentación final porque tenía un curso en Aranjuez y no es habitual que los directores del máster estén en ese trámite, según dijo.

Cifuentes reaccionó ayer a estos nuevos testimonios asegurando que no va a dimitir porque no ha mentido “absolutamente en nada”, y que ella ha acreditado su máster aportando los documentos de la universidad, de manera que, si existe alguna duda, la obligación de disipar las sombras es del centro, y no de una mera alumna. La presidenta madrileña ha insinuado todo este tiempo que puede haber una mano negra detrás de lo sucedido y ve un cúmulo de despropósitos. Cifuentes ha sido el mirlo blanco del PP por su mensaje contundente a favor de la regeneración y en contra de la corrupción, y un valor al alza que ha sonado con fuerza como relevo de Mariano Rajoy junto al gallego Alberto Núñez-Feijóo, pero ahora se encuentra en sus horas más bajas y ayer empañó la Convención Nacional del PP en Sevilla, donde realizó estas declaraciones en un clima de conmoción entre los populares.

“todo se destruyó” El director del máster ofreció por la mañana en Onda Cero una primera versión. Dijo que el trabajo existía y que él mismo lo corrigió durante varias semanas. También propuso a las tres integrantes del tribunal. A partir de ahí, no hay más que un agujero negro, ya que no estuvo en la presentación final de Cifuentes, y no hay pruebas documentales de que la evaluación se produjera porque “todo se destruyó”. Cuando estalló el caso, el director se encargó de “reconstruir” el acta, según dijo, bajo presiones del rector. En ese acta aparecen las firmas de la presidenta del supuesto tribunal, Alicia López de los Mozos, la vocal Clara Souto y la secretaria Cecilia Rosado. El Confidencial publicó que las rúbricas de las dos primeras eran falsas.

“Se produce una reunión donde hay muchas personas a las que tengo perfectamente identificadas. El rector pregunta si hay trabajo. Digo que yo no lo tengo, y que creo que la normativa exige que a los dos años se destruyan todos. Así que no tengo ni ese ni ninguno”, relató ayer el director, que continuó apuntando al rector: “Me dice: hay que encontrar un documento, hay que reconstruir un documento, literalmente”. Trató de “reconstruir” el acta y le encargó la tarea a una de sus “discípulas”, Cecilia Rosado, que aparece como secretaria en el documento.

“Ella pidió la autorización de las otras dos”, añadió. López de los Mozos, que figura como presidenta, no obstante, negó el jueves que realizara la evaluación y dijo que su firma fue falsificada. El director del máster, por el contrario, dijo que Rosado tiene “pruebas testificales de la autorización de las otras dos personas documentalmente demostrables”. Más tarde, rectificó y dijo que el acta era “un documento interno para el rector” y no una reconstrucción “oficial”.

El rector, por su parte, compareció arropado por su equipo y llevó el caso a la Fiscalía, que ya antes había abierto diligencias por las denuncias de los estudiantes. Javier Ramos aseguró que es “rotundamente falso” que él o cualquier miembro del equipo de gobierno haya manipulado actas, y dijo que únicamente pidió documentación para valorar el asunto. También recalcó que no hay constancia del paso de Cifuentes por la evaluación final. “Durante estas investigaciones, se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio, tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar”, concluyó.

cambio de nota El caso estalló cuando eldiario.es publicó que la funcionaria Amalia Calonge modificó dos “no presentado” por dos notables en el máster de Derecho Público Autonómico. Cifuentes trató de demostrar que cuenta con el título, pero asegura que no puede encontrar el trabajo porque ha tenido cuatro mudanzas. Llegó a esgrimir como prueba el acta falsificada, pero ella defiende que el documento se lo entregó la universidad y se ha desentendido de su procedencia. El trabajo de fin de máster es indispensable para obtener la titulación. Al margen de este debate, que parece ya secundario, la clave radica ahora en el presunto delito de falsedad en documento oficial. Perpetrarlo como particular en condición de alumno conlleva una condena de seis meses a tres años de cárcel, y una multa de seis a doce meses.