madrid - A Carles Puigdemont le sobran enemigos incluso en las propias filas independentistas. Ayer fue Marta Rovira, la coordinadora general de ERC, quien en su declaración en el Tribunal Supremo le situó en el disparadero al afirmar que en la jornada del referéndum, concretamente en una reunión a la una de la tarde con el entonces president, miembros de los partidos rupturistas y algún conseller, propuso suspender las votaciones del 1-O ante los episodios de violencia que se estaban produciendo en los centros electorales, una idea que el líder del PDeCAT descartó de inmediato porque había mucha gente haciendo cola a la espera de votar y podrían multiplicarse los incidentes y los problemas de seguridad. Rovira, quien según su relato ante el juez Pablo Llarena fue la única que pidió dejar sin efecto el referéndum sin recibir apoyo alguno, quedó ayer en libertad bajo fianza de 60.000 euros ante el “riesgo de reiteración delictiva”, mientras que Marta Pascal, coordinadora general de la formación que encabeza Puigdemont, quedó libre sin medidas cautelares.
La decisión de imponer una fianza a la número dos de ERC llegó tras un interrogatorio de dos horas a preguntas del juez, de la fiscalía y las defensas -contestando a todas las partes excepto a los abogados de Vox, la acusación popular-, y en el que la diputada republicana reconoció que a lo largo de todo el procés ha asistido a varias reuniones donde se adoptaron posturas con el objetivo de alcanzar la independencia de Catalunya y a la celebración del 1-O, incluidos encuentros programados por Puigdemont. Asimismo, fuentes presentes en la comparecencia aseguran que tanto Rovira como Pascal calificaron la declaración unilateral de independencia (DUI) como una “manifestación política sin efectos jurídicos” cuya finalidad consistía en tratar de abrir un posterior proceso electoral.
Ambas dirigentes reconocieron ante el magistrado que eran conscientes de que la consulta del 1-O carecía de cobertura legal, si bien, en el caso de Pascal, precisó que ella no recibió notificación alguna respecto a la ilegalidad de la votación, aunque supo por los medios de comunicación que el Tribunal Constitucional la había suspendido.
‘enfocats’, un documento más Respecto a la hoja de ruta independentista, Rovira señaló que firmó en nombre de ERC la que se pactó en marzo de 2015, pero restó trascendencia al documento Enfocats, que es considerado por la Guardia Civil y los investigadores la hoja de ruta definitiva del procés. La número dos de la formación que lidera Oriol Junqueras sostuvo, sin embargo, que este documento es solamente uno más de los muchos elaborados en estos últimos años para avanzar en la apuesta por la ruptura y la república catalana. Al igual que otros investigados, Rovira coincidió en minusvalorar las anotaciones que contenía la agenda intervenida por la Guardia Civil al número dos de la Consellería de Economía, Josep María Jové, y donde a priori se da especial relevancia a lo que se ha denominado el comité estratégico que debía dirigir el camino hacia la independencia tras el referéndum y del que formarían parte -amén de empresarios como Jaume Roures- los principales líderes de los partidos independentistas, entre ellos, la propia Rovira, quien matizó que este comité jamás llegó a configurarse.
Ya en el exterior, y brevemente, Rovira defendió el derecho de los diputados del Parlament catalán a expresarse y votar libremente en base a las funciones que les son atribuidas. Avaló ante el juez la inviolabilidad de los diputados catalanes ya que a su juicio es “antidemocrático” que se pudiera defender la independencia cuando era una opción minoritaria y que sea perseguida como delito ahora que es “mayoritaria”. La republicana recordó a Llarena que el Parlament aprobó en diciembre de 1989 una declaración a favor de la autodeterminación y que, como no había una mayoría independentista, “no se le dio importancia”.
Por su parte, los abogados de Vox, que solicitaron para ella prisión sin fianza, recalcaron tras la declaración la “amnesia” que parecían sufrir las dos investigadas. “Se acuerdan de todos los actos parlamentarios y las decisiones del Gobierno, pero no de las reuniones que han mantenido ni de declaraciones suyas aparecidas en los medios de comunicación”, apuntó el letrado Pedro Fernández, que subrayó, no obstante, las diferencias entre la implicación en el procés de una y otra. Para Rovira pidieron prisión porque “la Guardia Civil en sus informes equipara su papel al de Junqueras”. Además, Pascal, para la que Vox no estimó ninguna medida cautelar, mostró, según este abogado, mayor colaboración con la justicia, ya que contestó a todas las partes, incluida esta acusación popular.
Y es que Pascal defendió ante el juez Llarena que siempre apostó por la legalidad y la Constitución, posicionándose en contra de la declaración unilateral de independencia. En su alegato, destacó que ella siempre apostó por ir a elecciones y no por hacer una DUI en el Parlament, en contra de lo que decidió el propio Puigdemont. Es más, en una reciente entrevista en La Vanguardia, Pascal explicó que la prioridad de la negociación entre Junts per Catalunya y ERC es lograr un Govern estable que empiece a hacer política, dentro del marco legal.
En este contexto, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural anunciaron que asumirán el pago de la fianza de 60.000 euros que se impuso a Rovira. Fuentes de las dos entidades sociales reseñaron que la harán efectiva entre mañana y pasado, cuando acabe la ronda de comparecencias ante este tribunal que harán esta semana varios líderes soberanistas. Los fondos saldrán de la caja de solidaridad que en su día impulsaron una y otra entidad, que se nutre de donaciones ciudadanas y que se emplea para las fianzas que decretan los tribunales por causas relacionadas con el proceso soberanista. Sin ir más lejos, ya asumieron en su día el abono de las fianzas de los consellers cesados que fueron encarcelados, de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana.
Desde las filas constitucionalistas, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, celebró que el Tribunal Supremo dejara en libertad sin fianza a Rovira, lamentando que Puigdemont “no hiciera caso a la recomendación” de ésta de suspender el 1-O. Para el PP, “el hecho de que “todas las personas que tuvieron algo que ver con lo que pasó en octubre” acudan a declarar “es una prueba de que no hay nadie que no esté sometido a la acción de la justicia y de que todos somos iguales ante la ley”. Por su parte, Catalunya en Comú se solidarizó con Rovira y Pascal porque “ante la represión todos somos compañeros de viaje”. “Catalunya no necesita más presos para contribuir al desbloqueo. Lo que vivimos -con gente en la cárcel- es una salvajada, como también lo es pensar que la solución en Catalunya es meter a más gente en la cárcel”.
En paralelo, desde Euskadi, Iñigo Urkullu negó que Rovira haya hablado con él para solicitarle que interceda con Puigdemont para intentar desbloquear la investidura del nuevo president. El lehendakari apeló a la “discreción” y recordó que él no suele pronunciarse sobre estos asuntos. “No tengo nada que decir públicamente sobre esta cuestión”, zanjó, deseando “lo mejor” a las personas que tendrán que declarar esta semana ante el juez del Supremo.
hoy, turno de artur mas Hoy será el turno del expresidente del PDeCAT Artur Mas y de la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras mientras que mañana está citada la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Anna Gabriel, pendiente de si acudirá o no a la cita, o marcha en dirección a Suiza. Los cinco líderes independentistas que declaran esta semana y la exportavoz de la CUP Mireia Boya, que compareció la semana pasada, están imputados por rebelión desde el 22 de diciembre porque los cargos que todos ocupaban en la pasada legislatura figuraban como parte del comité estratégico definido en Enfocats.
Con la decisión final respecto a Rovira, no es la primera vez en la causa que Llarena deja en libertad a un investigado con una simple fianza. A los miembros de la Mesa del Parlament -a excepción de su presidenta Forcadell, que se fijó prisión-, les impuso una fianza de 25.000 euros a pagar en una semana para evitar su ingreso en una cárcel.
Mena: “Hay presos políticos”. El ex fiscal jefe de Catalunya José María Mena valoró el argumento del juez del Supremo Pablo Llarena para mantener en prisión a los líderes independentistas que se hallan encarcelados, a los que considera “presos políticos”, negando que se produjera la violencia que se les atribuye: “En vista de lo que dice la Guardia Civil, yo no veo el concepto de violencia determinante de un delito de rebelión”, ya que la rotura de cristales o el destrozo de coches de la Benemérita no “puede considerarse como tal”.
