GINEBRA. "No iré a Madrid", asegura Gabriel en una entrevista en la edición en papel del diario suizo Les Temps, en la que añade que en Suiza podrá proteger mejor sus derechos.
"Estoy siendo perseguida por mi actividad política y la prensa gubernamental me ha declarado ya culpable", señala la exdiputada de la CUP en la entrevista, en la que sostiene que, "como no tendré un proceso justo en mi país, busco un país que puede proteger mis derechos".
Gabriel opina que será "más útil a mi movimiento en libertad que detrás de las rejas", ya que ve el destino de algunos de sus compañeros que aún están en prisión desde diciembre pasado, dice.
"Comprendí que tenía que irme. No soy la única a la que espera la prisión;todo el gobierno (catalán) está amenazado", indica.
Gabriel critica recientes filtraciones en los medios de comunicación españoles de un informe de la Guardia Civil en el que se la describe, según ella, como una "activista feroz".
La exdiputada tenía que declarar ante el juez Larena por un posible delito de rebelión en el proceso independentista, a raíz del comité estratégico que dirigió las acciones contempladas en el documento "Enfocats", considerado la hoja de ruta de la independencia.
Gabriel rechaza enérgicamente estas acusaciones: "Siempre he hecho campaña a favor del referéndum, pero pacíficamente. La cuestión de Cataluña debería poder resolverse políticamente, pero las autoridades españolas quieren acallar el independentismo a través de la represión", añade.
La dirigente de la CUP denuncia en "Le Temps" el ambiente "tenso como nunca" en Barcelona, y sostiene que el Gobierno español "no hace nada para garantizar nuestra seguridad frente a la violencia de los fascistas".
La exdiputada catalana expone las amenazas de muerte que dice haber recibido regularmente de grupúsculos de la extrema derecha.
Gabriel compara la situación catalana "con lo que ocurre en estos momentos en Turquía", y denuncia lo que considera una "caza" con cerca de "900 personas bajo investigación o acusadas, entre ellos profesores, policías, políticos y simples votantes".
Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel se arriesga a ser objeto de una orden de extradición u comisión rogatoria, pero su abogado en suiza, Oliver Peter, considera la amenaza de una extradición poco probable a la vista de que España retiró su solicitud en el caso de Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
Según él, su cliente no tendría un proceso justo en España, ya que los miembros del tribunal en Madrid "son cercanos al poder y no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad".
"Mi cliente está siendo perseguida por motivos políticos, lo que convierte una solicitud de extradición en ilícita", opina el abogado.
