PARÍS. La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha solicitado un complemento de información a la Audiencia Nacional sobre diferentes puntos en los que se sustentan esas tres euroórdenes lanzadas para que Sorzábal, de 46 años, pueda ser juzgada en España por su presunta implicación en tres atentados perpetrados por la organización terrorista en Irun, Alicante y Gijón en 1995 y 1996.
Quiere precisiones sobre qué tramitación se dio a sus denuncias de haber sido presuntamente objeto de torturas y malos tratos por parte de las fuerzas del orden españolas tras su detención.
En paralelo, quiere que la justicia española haga observaciones a los peritajes médicos hechos en Francia a Sorzábal para verificar esas alegaciones, y que tienden a confirmarlas.
También pretende que se le clarifique si las imputaciones que pesan sobre ella se basan únicamente en las declaraciones que hizo durante su detención (Sorzábal afirma que se auto-inculpó bajo tortura) o si hay otros elementos acusatorios.
En espera de una respuesta desde España, la sala de instrucción ha convocado una próxima audiencia el 28 de marzo.
Este suplemento de información se requiere después de que la sala de instrucción recibiera un peritaje, que ella misma había autorizado que realizara a la terrorista un médico y psicólogo siguiendo el llamado "protocolo de Estambul".
El perito consideró que las secuelas detectadas "son muy altamente compatibles" con las alegaciones de haber sido torturada.
Sorzábal cumple ya una condena en Francia (por la que debería permanecer entre rejas al menos hasta 2027) y tiene allí otros dos juicios pendientes, el próximo el 9 de febrero.
Por ahora no se le ha comunicado ninguna otra euroorden española, más allá de las tres que están en trámite.
Según su versión, al ser detenida confesó la autoría de una serie de hechos bajo tortura, pero esa denuncia fue archivada.
Quedó en libertad en septiembre de 2001 y pasó a la clandestinidad hasta su detención en Iparralde el 22 de septiembre de 2015 junto a David Pla. Ambos fueron imputados como dirigentes de la organización terrorista y serán juzgados por eso, probablemente este año.
De las tres euroórdenes objeto de la audiencia de hoy (todas por estragos terroristas), una se refiere a su presunta implicación en la colocación de una carga explosiva que estalló junto a la aduana de Irun el 8 de octubre de 1995 y causó daños materiales.
La segunda a la colocación de un artefacto en el aeropuerto de Alicante que fue descubierto por una empleada de limpieza el 29 de julio de 1995.
La tercera a la explosión de dos bombas en una farmacia y en los juzgados de Gijón el 2 de noviembre de 1996.
