‘Caso de Miguel’, ocho años para un juicio mediático

Aquel 17 de marzo hubo un total de ocho detenciones, pero a día de hoy la lista de encausados asciende a 26, después de que Pablo Jesús Larrabide y Asier Aritz Arzalluz fueran exonerados por el primer juez instructor, Roberto Ramos, luego sustituido. Según el magistrado, cuyo auto fue dado a conocer hace casi tres años, De Miguel y sus socios percibían comisiones ilegales por facilitar contratos públicos y adjudicaciones de administraciones gobernadas por el PNV a través de Kataia y de otras empresas, como Errexal y Ortzi Muga. Además, Kataia obtuvo contratos menores, más opacos de cara a su fiscalización, de la viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno vasco, por trabajos presuntamente inexistentes. De Miguel era administrador, además, de la sociedad Landaburu Etxea S.L, que construyó varios batzokis en Araba y la céntrica sede del PNV en Gasteiz.

También se acusa a De Miguel de una recalificación de terrenos supuestamente irregular en la localidad alavesa de Zambrana, y con ilegalidades en torno a la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano.

Fue ahí donde todo salió a la luz. Una empresaria vizcaina, Ainhoa Alberdi, denunció haber sido extorsionada por De Miguel. Según dijo, le exigió el pago de más de 100.000 euros por la concesión de las obras de ampliación del Parque Tecnológico, hecho que Alberdi puso en conocimiento del presidente de la red de Parques Tecnológicos del País Vasco, Julián Sánchez Alegría, también imputado. Se cree que Sánchez Alegría avisó a De Miguel de la advertencia de Alberdi, y el entonces diputado foral, junto con Telleria, presionaron al padre de la empresaria para que pagara la comisión.

Ainhoa Alberdi, exsocia de otro de los imputados, Jon Iñaki Echaburu, entregó al fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, los indicios que había recabado, entre ellos los correos electrónicos que le remitió De Miguel desde su despacho del Palacio de la Diputación, y comenzó entonces una investigación que se saldó con las detenciones de marzo de 2010. Una vez estalló el escándalo, De Miguel defendió su inocencia ante Gerenabarrena y ante el entonces diputado general, Xabier Agirre, que proclamó la tolerancia cero ante la corrupción pese a que el caso estaba aún en sus compases iniciales. De Miguel dimitió de su cargo institucional a los pocos días de ser detenido. Poco después Telleria salía de la dirección del PNV alavés.

Más difícil fue hacer renunciar a ambos a su carnet del partido, pese a las presiones que recibieron desde la formación, con su entonces presidente y ahora lehendakari, Iñigo Urkullu, a la cabeza. Los estatutos del partido complicaban su renuncia a la militancia, pero finalmente, en enero de 2011, De Miguel, Telleria y Otxandiano dejaron la militancia en la formación, no sin criticarla por no haberles defendido con la suficiente vehemencia. Posteriormente, en marzo de 2012, el partido sufriría una renovación total en el territorio con la incorporación del propio Xabier Agirre como presidente del Araba Buru Batzar.

penas ejemplarizantes La fiscalía quiere que del juicio que arranca hoy en los juzgados de Gasteiz salga una condena contundente contra los imputados, y así, en su escrito de acusación de marzo de 2016 Josu Izaguirre, fiscal jefe, acusa a De Miguel de fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones o blanqueo de capitales. Pide para el diputado foral una pena de 54 años y nueve meses de prisión, y 16,5 millones de euros de fianza.

Para Telleria y Otxandiano reclama 32 años y un mes de cárcel, tres millones de fianza para el primero, y uno para el segundo. Por su parte, Izaguirre pide para el exdirector de Juventud y Acción Comunitaria, Xabier Sánchez Robles; y para el exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, 18 años y 7 años de condena, respectivamente.

hasta octubre Así, hoy arranca un macrojuicio sobre cuyo resultado decidirán los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria. Para acoger a los 26 acusados y 150 testigos y peritos ha sido necesario acondicionar una sala especial y un espacio separado para la prensa, lo que ha supuesto una inversión de 100.000 euros. En todo, caso, a pesar de la dimensión mediática del proceso, que se prolongará como mínimo hasta octubre de 2018, quienes lo dirigirán no sienten enfrentarse a un caso especial más allá de las peculiaridades organizativas que ha exigido, pues ni en Araba ni en Euskadi hay precedentes. “No siento ningún tipo de presión de ninguna característica”, afirmó Tapia cuando, el pasado miércoles, compareció ante la prensa para informar sobre los aspectos logísticos del juicio.

Macrojuicio. La Audiencia alavesa ha tenido que acondicionar una sala para albergar a los 26 acusados y 150 testigos y peritos que declararán en el proceso. La instrucción del juez Roberto Ramos abarcaba 20.989 folios distribuidos en 79 tomos.

Plazos. El proceso arranca hoy y durante un par de semanas se centrará en las cuestiones previas. A partir del 19 de febrero las sesiones irán dirigidas ya a aclarar los hechos. Se prevé que, como mínimo, el juicio se prolongue hasta octubre.

Encausados. Además de Alfredo de Miguel, Koldo Otxandiano, Aitor Telleria y sus esposas, se enjuiciará a Alfonso Arriola, exdirector del Parque Tecnológico de Álava, a los empresarios Jon Iñaki Echaburu, Francesc Fernández Joval o Jesús Arruti; a los exaltos cargos del Gobierno vasco Xabier Sánchez Robles o Gurutz Larrañaga, o al exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan.

Delitos. Las acusaciones abarcan delitos como los de fraude en la contratación, prevaricación, malversación, falsedad en documento público, tráfico de influencias, cohecho, coacciones o blanqueo de capitales.