barcelona - Después de que los partidos independentistas (JxCat, ERC y la CUP) volvieran a conseguir una mayoría absoluta de escaños en el Parlament en las elecciones del jueves, la pregunta del millón en Catalunya es si Carles Puigdemont volverá de Bruselas para someterse a la investidura, aun a riesgo de ser detenido y encarcelado. El Tribunal Supremo tiene abierta una causa por rebelión contra varios altos cargos del Govern y del Parlament por la declaración unilateral de independencia suspendida. Puigdemont puede moverse con total libertad por todo el mundo, pero será detenido en cuanto pise suelo estatal.

El mantra de campaña de JxCat ha sido pedir la restitución del Govern legítimo, es decir, del ejecutivo que gobernaba en Catalunya antes de que Madrid suspendiera su autogobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Cabría deducir que la prioridad es regresar y restaurar ese gobierno, aunque también se había apuntado la opción de que Puigdemont ocupara un puesto honorífico desde la distancia, como president simbólico, mientras el poder ejecutivo real recaería en otra persona. Esa opción no es la hipótesis de trabajo del soberanismo. Desde su entorno más cercano recalcan a este diario que volverá “sin duda” para presentarse a la investidura y reivindicar sus derechos políticos.

Junts per Catatalunya tenía como premisa antes de conocer los resultados electorales que Puigdemont volvería en el supuesto de que el soberanismo tuviera mayoría y él contase con opciones reales de repetir mandato. Esa premisa se ha cumplido y, además, ayer ERC cerró la disputa por la presidencia, reconoció la victoria de JxCat y aseguró, por boca de Marta Rovira, que no contemplan otra alternativa que no sea Puigdemont. Por ello, varias fuentes consultadas por este periódico dan por hecho que regresará y exigirá poder presentarse a la investidura.

Puigdemont ha defendido en varias ocasiones que tiene derecho a acudir a la sesión y a los plenos parlamentarios aunque fuese encarcelado. También existe otra opción. Podría ser detenido, pero podría conseguir la libertad condicional exponiendo ante el juez Llarena argumentos parecidos a los esgrimidos por los miembros de la Mesa del Parlament, la vía Forcadell. No se trataría de renunciar a sus objetivos políticos, sino de comprometerse a llevarlos a cabo por la vía de la negociación. Así, podría ser liberado a la espera de juicio, presentarse a la investidura, y ejercer su cargo de manera continuada y no intermitente con permisos carcelarios.

En el caso de Oriol Junqueras no ha surtido efecto esa estrategia. El vicepresident cesado sigue entre rejas porque el juez cree que tuvo un papel preponderante. A Puigdemont podría sucederle lo mismo, aunque el contexto político ha cambiado y se acaba de producir una victoria clara del soberanismo que puede complicar la continuidad en prisión de estos cargos votados por los catalanes.

A Puigdemont le va a mover el hecho de contar con un apoyo claro entre el independentismo. Aunque la CUP hará valer sus escaños, la idea de restaurar al Govern legítimo es muy poderosa y podría allanar el acuerdo y desembocar en una petición unánime del soberanismo para que opte a la reelección, un factor clave para su regreso. En cualquier caso, le basta la abstención de la CUP.

en el aire Puigdemont no ha ofrecido una respuesta concluyente. Ayer dijo desde Bruselas que tiene que ser investido y volver al Palau de la Generalitat, y añadió que eso mismo vale para el resto de huidos (Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret) y encarcelados. Ofreció un encuentro al presidente español, Mariano Rajoy, pero en Bruselas o en cualquier lugar que no sea España y siguió pidiendo garantías. La jefa de campaña de JxCat, Elsa Artadi, sí apuntó que volverá pronto y recalcó, al igual que Puigdemont, que tiene que ser investido. En Onda Cero, dijo que “Puigdemont regresará a Catalunya cuando el Gobierno de España reconozca el resultado de las elecciones”. Dijo que Madrid tiene que admitir los resultados y que el president cesado pueda “ser investido”.

Tras despejar balones en un primer momento asegurando que primero tendrá que hablar con la fuerza más votada (en alusión a Inés Arrimadas, de C’s), Rajoy terminó reconociendo ayer como interlocutor a Puigdemont al admitir que tendrá que hablar con el nuevo Govern. Prometió hacer un esfuerzo de diálogo.

El Parlament se constituirá en veinte días hábiles, es decir, el 23 de enero. El debate de investidura será el 6 de febrero a más tardar. El entorno de Puigdemont no contempla otro candidato. Todo dependerá del análisis que realicen el juez y, sobre todo, la Fiscalía. Si no pide prisión provisional, el juez no puede decretarla porque no puede ser más duro que la acusación. Juega en contra de Puigdemont el riesgo de fuga.