Honduras vive desde hace 10 años una honda crisis política. Las últimas semanas hemos vivido un recrudecimiento del enfrentamiento social y político a raíz de las elecciones presidenciales y de un accidentando y altamente sospechoso proceso de recuento electoral. Las protestas se saldan, hasta la fecha, con 14 muertos y unos 800 detenidos.

Recordarán ustedes que en el año 2006 llegó a la presidencia del país Manuel Zelaya. Sin terminar una legislatura en que fue derivando hacia una izquierda con ciertos ecos venezolanos, fue depuesto por los poderes fácticos del país en algo que la comunidad internacional calificó, de forma bastante unánime, como golpe de estado.

Heredero más o menos directo de aquella historia, el presidente actual, Juan Orlando

Hernández, se presentaba ahora a la reelección. En frente tenía a un incalificable Salvador Nasralla, presentador televisivo de tonos entre telepredicador y berlusconianos, que se permite declaraciones comprensivas no ya sobre Venezuela, sino sobre Corea del Norte (“los presentan como malos malísimos pero allí en Corea del Norte no hay desempleo (?) la prensa internacional desfigura la realidad”). Un tipo al que yo, sinceramente, no compraría un coche de segunda mano, pero en el que la oposición ha confiado la suerte de su país.

Lo cierto es que Nasralla recababa, a comienzos del recuento electoral, la confianza de los electores y, a pesar de jugar en campo contrario con juez de parte, iba ganando en un proceso desesperadamente lento e irregular. De pronto un más que sospechoso parón informático obró el milagro de cambiar las tornas y dar la victoria, por los puntos, al presidente Hernández.

Esta supuesta victoria de Hernández ha recibido el visto bueno del más alto tribunal electoral hondureño, remodelado a la sazón a su medida por el actual presidente y por lo tanto de una fiabilidad e independencia más que cuestionables.

Sin embargo estos resultados no han conseguido convencer a la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos, la OEA, con un importante despliegue de observadores sobre el terreno, como la Unión Europea, ha denunciado, si bien de forma prudente y medida, las irregularidades y ha pedido un recuento y rectificación de las irregularidades. Ha exigido que se respeten las elecciones y la voluntad popular allí expresada.

Ni siquiera los Estados Unidos, con un deseo indisimulado por apoyar la continuidad del actual presidente, se han atrevido a dar del todo por buenos los resultados. Juegan los EEUU ahora a cierta calculada ambigüedad que, sin dejar huérfano por completo a Hernández, no les inhabilite como actor en el futuro si las cosas se les tuercen, dado lo obvio de las irregularidades.

Nasralla llama a sus simpatizantes a la calle y el Gobierno ha respondido con una represión que ha sido condenada, por sus excesos y desproporción, como atentatoria contra los derechos humanos por Amnistía Internacional.

La Provincia Centroamericana de los Jesuitas, autoridad moral de innegable peso en la región, se ha manifestado de forma muy dura: “Denunciamos la falta de profesionalismo y de ética del Tribunal Supremo Electoral. Ya no es sólo una sospecha sino una certidumbre, la manipulación burda de esta situación que intenta irrespetar la voluntad popular manifestada en las urnas para esconder una victoria inesperada de la oposición sobre el actual presidente que hizo todo lo que pudo, legal o ilegalmente, para ser reelecto. Denunciamos la represión de los órganos del Estado en contra del pueblo hondureño que es reprimido brutalmente. Exigimos el respeto a la decisión popular expresada en las urnas y el derecho a la libre expresión. Felicitamos a Radio Progreso por su labor informativa, de análisis, reflexión y defensa de los derechos humanos de las y los hondureños”.

No iban desencaminados los herederos de Arrupe. Pocos días después de dar a conocer este comunicado, la citada Radio Progreso, de los jesuitas, era saboteada para impedir sus emisiones.