BARCELONA. El Parlament ha declarado constituida este viernes la República catalana independiente y ha aprobado iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fija "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República".
La propuesta de resolución incluye la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el día 10 de octubre sin que llegara a entrar en vigor y que establece: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano", pero esta parte figura en la exposición de motivos de la resolución y por lo tanto no se ha votado.
La iniciativa, que se ha votado en urna y en secreto, ha tenido 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que han participado en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó), mientras que PSC, PP y Cs han salido del hemiciclo en señal de protesta, y la portavoz de JxSí, Marta Rovira, había dicho poco antes en el pleno: "Hoy fundamos un nuevo país".
RESOLUCIÓN PREVIA Antes se ha votado --desde los escaños como suele hacerse-- la otra propuesta de resolución de JxSí y la CUP para este pleno: la que aprueba abrir un proceso constituyente en Cataluña.
Esta propuesta ha salido adelante con los votos de ambos grupos, las abstenciones de los diputados de SíQueEsPot que pertenecen a Podem, y los votos en contra del resto de diputados de este grupo.
LA DECLARACIÓN Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han registrado hoy en el Parlament una propuesta de resolución en la que -en su parte expositiva, y no en la parte que se somete a votación- se plantea "asumir el mandato del pueblo expresado en referéndum" y "declarar Catalunya como Estado independiente en forma de república".
JxSí y la CUP han presentado dos propuestas de resolución conjuntas -para que sean aprobadas en el pleno del Parlament, que prevé reiniciarse este mediodía- que contienen, por un lado, una declaración formal de independencia y, por otro, el desarrollo de un "proceso constituyente" para poner en marcha el nuevo Estado.
Según fuentes de JxSí, la principal propuesta de resolución pactada con la CUP plantea "tres mandatos": una declaración formal de independencia, el inicio de un "proceso constituyente" y hacer efectiva la ley de transitoriedad jurídica, aprobada por el Parlament el 6 de septiembre y que el Tribunal Constitucional tumbó.
Concretamente, la frase en la que los diputados de JxSí y la CUP asumen "el mandato del pueblo expresado en referéndum" y declaran "Cataluña como Estado independiente en forma de república" no forma parte de los puntos de la propuesta de resolución que serán sometidos a votación, sino que está incluida en la parte expositiva.
Fuentes de JxSí han alegado que la declaración de independencia "ya la votaron los ciudadanos" el pasado 1 de octubre, por lo que la parte de la resolución que se vota simplemente despliega los "efectos" de esta declaración.
La parte expositiva de la resolución reproduce la "declaración de los representantes de Cataluña" que el pasado 10 de octubre firmaron los diputados de JxSí y la CUP tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suspendió los "efectos" de la independencia para abrir un periodo de diálogo.
En esta declaración formal, se plantea "constituir la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
Entre los puntos de la resolución que sí se votan, el Parlament insta al Govern a aprobar todos los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que crea un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.
Se propone impulsar un "tratado de doble nacionalidad" con el Gobierno de España, promover "ante todos los Estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana" y establecer el "régimen de integración en la administración de la Generalitat" de todos los funcionarios -salvo que renuncien a ello- que hasta ahora prestaban sus servicios en la administración general del Estado en Cataluña.
Se insta a adoptar las medidas necesarias para el "ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" y para la creación de un "banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva", así como de un "Banco de Cataluña, con las funciones de banco central".
También se plantea "abrir un periodo de negociaciones con el Estado español" para abordar la "sucesión del Estado catalán mediante un acuerdo, en derechos y obligaciones de carácter económico y financiero".
Asimismo, la resolución llama a "elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español, radicados en el territorio nacional de Cataluña, a fin de hacer efectiva la sucesión en su titularidad", y a "elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república de Cataluña".
Por otra parte, el texto pide al Parlament abrir una "investigación para determinar las responsabilidades" del Gobierno central "en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos" para evitar que el 1 de octubre se celebrara el referéndum.
Esta "comisión de investigación" estaría formada por diputados y expertos, personal de la Oficina Antifraude, de la Sindicatura de Greuges y de la abogacía catalana, además de representantes de organizaciones internacionales.
LOS SERVICIOS JURÍDICOS AVISAN Los letrados del Parlament han alertado a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de que no se puede admitir a trámite ni votar en el pleno la propuesta de JxSí y la CUP que insta al Govern a desplegar toda la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana.
El informe lo firman el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado Mayor, Antoni Bayona, que también alertan a los miembros de la Mesa de que se enfrentan a responsabilidades penales si no paralizan la iniciativa.
"No pueden ser admitidas a trámite por la Mesa las propuestas ni ningún texto transaccional antes o durante el pleno", alertan, y recuerdan las distintas sentencias e interlocutorias del Tribunal Constitucional (TC).