Barcelona - Catalunya se prepara para decretar su independencia unilateral. Lo hará en las próximas horas, tras haber celebrado ayer el referéndum de autodeterminación a pesar de las operaciones policiales y las medidas que ha tomado el Gobierno español para tumbar el plebiscito. La decisión llega, además, tras las intensas cargas policiales de la Guardia Civil y la Policía española en varios colegios electorales, una actuación que ha agravado la fractura entre Catalunya y el Estado, y que podría precipitar los acontecimientos y emponzoñar las relaciones de manera que una solución dialogada sea inviable. En realidad, el president Carles Puigdemont anunció sobre las 22.30 horas que llevaría al Parlament el resultado de la votación, que aún no se conocía. No obstante, los datos provisionales apuntaban ya a una victoria muy holgada de la opción independentista. Al cierre de esta edición, se hablaba de una victoria del sí por un 92% de votos.

La Ley del Referéndum aprobada por el Parlament no fija una participación mínima para que el resultado sea válido y se aplique en 48 horas, pero no parece que vaya a ser ese el problema. El soberanismo habló ayer de unos tres millones de votos, más que los 2,3 millones de la consulta no vinculante de 2014. Madrid, sin embargo, cree que ha habido votos duplicados y que la votación no tiene garantías. El Govern ya anunció que no dejaría de aplicar el resultado si el Estado lograba cerrar algunos colegios o desactivar algunas garantías, sino que entendía que esa actitud le daría mayor legitimidad internacional. La votación tuvo el seguimiento de un grupo de académicos liderados por Ferrán Requejo.

Antes de escuchar al president, Mariano Rajoy se había ceñido a su discurso habitual y ofreció diálogo dentro de la ley, pero pidió al Govern que rectifique. En ámbitos soberanistas se temen ya la suspensión de la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución española, e incluso la detención de altos cargos del Govern, incluidos Puigdemont y su vicepresident Junqueras. La crisis catalana centró ayer toda la atención de los medios internacionales y las autoridades europeas, que por primera vez observan con preocupación este contencioso. El proceso se adentra ahora en una nueva dimensión y el horizonte está plagado de incógnitas.

A pesar de tenerlo todo en contra, Catalunya consiguió celebrar ayer su referéndum de independencia con una histórica movilización ciudadana. Fue un hito sin precedentes en el Estado. Hubo urnas y hubo papeletas, aunque la votación se celebró en muchos casos con grandes dificultades técnicas y con el sistema informático bloqueado por la acción del Estado español para prohibir la votación, lo que mermó las garantías del proceso y provocó que el método fuera en ocasiones rudimentario y consistiera en apuntar los datos con papel y lápiz. Además, las fuerzas de seguridad cerraron 319 de los 2.315 colegios. Mientras en buena parte de los colegios el ambiente era festivo y se respiraba satisfacción por un logro sin precedentes, la imagen más significativa de la jornada llegó con la dura intervención de la Guardia Civil y la Policía española.

Su intervención agravó la crisis territorial y la fractura entre Catalunya y España, que no tiene visos de reconducirse. El president Puigdemont no citó de manera expresa la declaración unilateral de independencia, pero apuntó en esa dirección: trasladará el resultado del referéndum al Parlament para aplicar lo previsto en la Ley del Referéndum. Esa ley estipula que, si gana la independencia, se decretará la ruptura en 48 horas. Si perdiera, habría elecciones autonómicas.

La actuación del Estado provocó una ola de indignación, también en sectores próximos a Podemos, los comunes de Ada Colau, e incluso del PSC. Las colas en los colegios fueron kilométricas. Los partidarios del referéndum estaban convencidos de que su canto a la no violencia y el movimiento vecinal para blindar los colegios iba a ser suficiente para evitar una acción policial por el elevado coste que tendría para Madrid en términos de imagen. Pero no fue así. Hubo cargas, proyectiles de goma y, según relató el Govern, gases lacrimógenos. En total, hubo 844 heridos. Las imágenes de las fuerzas de seguridad estatales empujando a mujeres por las escaleras y el rostro ensangrentado de una señora dieron la vuelta al mundo y comprometieron la reputación internacional de Mariano Rajoy.

Este episodio supone un segundo agravio, de mayor magnitud y más doloroso, tras el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional en 2010. La jornada de ayer provocó una crisis de convivencia que se antoja muy compleja de gestionar. El Govern de Carles Puigdemont solo mira ya a Europa en busca de auxilio y acudirá a los tribunales internacionales. Ha registrado una denuncia en un juzgado de instrucción de Barcelona, mañana habrá huelga general en Catalunya y no se vislumbra nada parecido a una solución dialogada o una tercera vía. Ni a estas alturas parece realista pensar en que un pacto fiscal colme las aspiraciones catalanas, ni Rajoy propuso nada concreto ayer. No introdujo grandes modificaciones en su discurso. Se mostró dispuesto a hablar dentro de la ley y convocará a los partidos para reflexionar, pero fue muy severo con el Govern, no concedió ningún valor a la movilización ciudadana y negó que se haya producido un referéndum.

la votación La jornada arrancó de madrugada, con centenares de vecinos pasando la noche y montando guardia ante los colegios electorales en previsión de que los Mossos d’Esquadra se personaran a las 6.00 horas para precintar los centros cumpliendo la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Se difundieron datos contradictorios sobre los colegios cerrados por los Mossos, pero lo relevante radica en que la comunión con los ciudadanos congregados fue absoluta. No hubo incidentes por su parte e, incluso, algunos agentes catalanes rompieron a llorar de impotencia al presenciar los disturbios de las fuerzas de seguridad estatales o se encararon a la Guardia Civil. Los catalanes respondieron con vítores y muestras de afecto.

La Generalitat anunció por sorpresa a primera hora que, ante las previsibles dificultades que se iban a encontrar en el camino, los ciudadanos podrían votar en el colegio que quisieran, aunque no fuera el que tenían asignado. Madrid contraatacó tumbando su sistema informático, lo que complicaba llevar el control de que nadie votara más de una vez en centros distintos. Este dato fue esgrimido durante toda la jornada por el PP para restar validez al plebiscito.

Los disturbios llegaron con la acción de la Guardia Civil y la Policía española que, según Madrid, acudieron porque los agentes catalanes pidieron refuerzos. En la Escola Ramón Llull de Barcelona se vivieron momentos de gran tensión. Varios jóvenes se pusieron de rodillas o se tumbaron en el suelo para impedir el paso de siete furgones de la Policía española, entre forcejeos, cargas policiales, acelerones de los vehículos y gritos de los manifestantes a los agentes. Varios vecinos se asomaron a las ventanas para protestar o hacer sonar sus cazuelas, los manifestantes gritaban “fuera las fuerzas de ocupación”, y un joven sufría una crisis nerviosa. “¡Es mi ciudad! ¿Cómo puede estar pasando esto?”, repetía entre sollozos. Las operaciones fueron selectivas y se produjeron en centros con impacto mediático, como el pabellón Sant Julià de Ramis en Girona, donde iba a votar Puigdemont. La Guardia Civil destrozó el cristal de la puerta con una piqueta, aunque el president sí pudo ejercer el derecho al voto en otro colegio, el de Cornellà de Terri. El Ministerio del Interior, por su parte, difundió que 19 policías y 14 guardias civiles resultaron heridos.

eco internacional La actuación del Gobierno español fue muy contraproducente para sus intereses. Por un lado, consiguió dar eco internacional a la protesta catalana y que despierte simpatías. Medios de comunicación internacionales como la BBC británica, la CNN estadounidense o la árabe Al Jazeera coincidieron en destacar la dura intervención policial. A nivel político, donde hasta ahora las reacciones habían sido más tímidas por cuestiones diplomáticas, alzaron a voz el primer ministro de Bélgica y el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, entre otros. Un redactor del prestigioso diario alemán Die Welt llegó a informar de que la canciller Angela Merkel llamó muy preocupada a Rajoy para que explique la operación policial, extremo posteriormente desmentido. La actuación de Rajoy es toda una rareza en Europa, que ha visto recientemente cómo Escocia pactaba un referéndum de independencia con Londres. No obstante, aún no ha llegado el pronunciamiento ni la mediación de la Comisión de la Unión Europea por la que suspiran PDeCAT, ERC y la CUP. Esa mediación sería determinante para que presione a Rajoy y se celebre un referéndum con garantías.

El Gobierno de Rajoy no realizó ayer ninguna autocrítica. Culpó al Govern de lo sucedido, y defendió que las fuerzas de seguridad han tenido una actuación proporcionada. Dos de los heridos revestían gravedad: un joven fue alcanzado por un proyectil de goma en el ojo durante la carga en la Escola Ramón Llull y tuvo que pasar por el quirófano, y un hombre sufrió un infarto en Lleida. Al menos seis personas fueron detenidas, y varios juzgados están investigando a los Mossos por dejación de funciones.

La actuación de las fuerzas de seguridad complica la continuidad de Rajoy en el Gobierno español. Tiene sobre la mesa la mayor crisis territorial de las últimas décadas y no ha dado muestras de saber reconducirla. Su proceder comienza a preocupar en Europa y no se descarta que comience a recibir presiones. A nivel interno, tendrá muy difícil conseguir apoyos para aprobar sus Presupuestos y leyes. El PNV fue ayer muy crítico con la intervención policial y, aunque el socialista Pedro Sánchez repartió culpas entre el Govern y Madrid y no fue tan contundente como el PSC ni el socialismo europeo, parece muy complicado que se se fotografíe junto a él, menos aún cuando Podemos ha redoblado sus llamamientos para articular una moción de censura.

“Paro de país”. El sindicato CCOO de Catalunya y las patronales Pimec y Cecot, entre otras entidades, avalaron ayer llamar a los ciudadanos a celebrar “un paro de país” el próximo 3 de octubre ante la “violencia ejercida” por las “fuerzas de seguridad del Estado” para intentar impedir el referéndum. Estas entidades forman parte de la llamada Mesa por la Democracia, que se reunió ayer por la tarde para decidir una respuesta conjunta ante las actuaciones policiales durante el referéndum. Por su parte, fuentes de la UGT de Catalunya, que también forma parte de la Mesa por la Democracia, aclararon que hoy decidirán si se suman a este paro.

Censo universal. Dados los problemas de acceso a los colegios a primera hora, el Govern implantó un censo universal para que los catalanes pudieran votar en cualquier colegio.